Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

El ministro del Mitic, Gustavo Villate, aseguró que no existen motivos para que el presidente Santiago Peña no promulgue la polémica ley de protección de datos personales, recientemente sancionada por el Congreso. La oposición, sin embargo, sostiene que la normativa restringe el acceso a la información pública y viola la Constitución Nacional.

La transparencia y la honestidad son de vital importancia en la administración pública, aunque así no lo crean los legisladores cartistas que, con la complicidad del Mitic, acabaron desvirtuando, sobre todo en la Cámara Baja, un bien intencionado proyecto de ley sobre la “protección de datos personales”, concebido en 2020 por organizaciones civiles. Se diría que, de hecho, el oficialismo se ha arrepentido de que Horacio Cartes haya tenido el acierto de promulgar en 2014 la ley que obliga a dar “informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público” y la que dispone el “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Como advierte la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el engendro aprobado por la mayoría de sus colegas podría convertir en agua de borrajas las leyes relativas a los conflictos de intereses en la función pública y a las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes la ejercen.

Por el mes de la concientización sobre la ciberseguridad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) prepara una serie de capacitaciones y charlas gratuitas. ¿Dónde y cuándo? En la siguiente nota, más detalles.

A través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos del Paraguay (CERT), el Ministerio de Tecnología e Información, trabaja en la recuperación y análisis del nuevo hackeo que sufrió esta mañana el data center del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Un documento interno del IPS muestra que está en proceso una licitación para adquirir un nuevo software “de gestión integral de aporte obrero patronal y recaudaciones”, pero la resolución que lo aprueba no tiene la firma de todos los miembros del Consejo de Administración. El precio de referencia es de US$ 17 millones y el ente previsional asegura que urge modernizar el sistema, para poder adaptarlo a las necesidades actuales.