9 de marzo de 2026
Hay una forma silenciosa de negarle a un paciente su tratamiento. No hace falta una orden expresa ni un recorte presupuestario declarado. Basta con exigir un papel más. Desde enero de este año, ningún hospital público puede emitir una orden de compra de medicamentos sin antes obtener un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el llamado CDP. El Ministerio de Economía lo presenta como una medida de transparencia. En los pasillos de los hospitales, lo que se siente es otra cosa.

Asociaciones de pacientes oncológicos denuncian que las nuevas exigencias de certificación presupuestaria del Ministerio de Economía, están paralizando la provisión de fármacos vitales. El desabastecimiento crítico en el Incan y la red nacional interrumpe tratamientos contra el cáncer de mama, pulmón y casos pediátricos. Pacientes exigen una solución política inmediata, afirmando que la burocracia estatal no puede costar vidas.

Ante las quejas de que los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) ralentizan los desembolsos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que no se trata de una nueva exigencia, sino de un mecanismo de control previsto en la ley vigente para ordenar el gasto público.

El doctor Hugo Espinoza, titular del INAT, advirtió que las nuevas disposiciones del Ministerio de Economía prioriza el control administrativo sobre las urgencias médicas. Afirmó que valora la transparencia, pero que la rigidez burocrática y la falta de plazos para la compra de insumos críticos generan retrasos peligrosos, poniendo en jaque procedimientos impostergables como trasplantes y cirugías de emergencia.
Mientras suman los reclamos de proveedores por el retraso en los pagos y la burocracia en las gestiones presupuestarias, el titular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández afirmó que la cartera está cumpliendo con lo previsto en el plan de pagos y defendió los procedimientos de control, que justamente se aplican a fin de que no se acumulen las deudas, alegó.

El IPS, bajo la gestión de Jorge Brítez, validó pagos millonarios en 2024 y 2025 mediante “acuerdos extrajudiciales” con diferentes proveedores basados en un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) limitado al presupuesto 2023. La Dirección Jurídica, a cargo de José “José’i” González, aplicó de forma discrecional este documento para habilitar el rubro 915 “Gastos Judiciales”, pese a que el MEF había advertido que contratar servicios sin respaldo presupuestario infringe la Ley de Administración Financiera del Estado.