3 de junio de 2025
El diputado cartista Alejandro Aguilera fue electo presidente de la Comisión Especial para la intervención de la gestión del intendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo) y con ello se aseguran manejar su hoja de ruta de cara a una eventual destitución del jefe comunal esteño. Para este miércoles 4 ya citan las partes: el Contralor Camilo Benítez y el intendente Prieto.
El presidente del Senador, Bachi Núñez, dejó en claro que Miguel Prieto, a quien califica de ladrón de Pandemia, debería terminar preso, así como el exgobernador de Central. Recordó que el intendente de Ciudad del Este transfirió más de 42.000 millones de guaraníes, dinero que no se sabe dónde está.
El senador Rubén Velázquez (Yo Creo) sostuvo que el oficialismo tiene el plan de destituir a Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este y por eso la intervención es “la crónica de una muerte anunciada”. “Aquí no existe equidad”, apuntó.
Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó los escenarios legales ante una eventual destitución de los intendentes de Asunción y Ciudad del Este. La Constitución exige nuevas elecciones, pero los tiempos parlamentarios podrían cambiar el curso de los acontecimientos.
Sebastián Martínez, presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, salió al paso de la crisis política que atraviesa el intendente Miguel Prieto. En medio de denuncias por nepotismo, pidió calma a la ciudadanía y afirmó que se defenderán ante lo que considera un uso arbitrario del poder para forzar una intervención. Manifestó que una respuesta legal ya está en marcha y, según aseguró, la renuncia de Prieto no está en los planes.
CIUDAD DEL ESTE. Los siete concejales que apoyan a Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo) aprobaron este martes, durante una sesión extraordinaria, una minuta en la que solicitan al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, que inste a sus colegas a rechazar el pedido de intervención a la Municipalidad, promovido por la Contraloría General de la República (CGR). Los ediles acusan al ente contralor de arrogarse facultades del Legislativo Municipal.