Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME)

Varios gremios de trabajadores, entre ellos la Corriente Sindical Clasista (CSC), exigen al presidente de la República, Santiago Peña, que vete la ley de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por ser inconstitucional y atentar contra los derechos de los trabajadores.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son unidades económicas que son catalogadas como tales de acuerdo con la cantidad de empleados y facturación. Así, las microempresas están formadas hasta por un máximo de 10 personas, en la que el propietario trabaja, personalmente, él o integrantes de su familia y cuya facturación anual sea de hasta G. 646.045.491. Se considera una pequeña empresa cuando su facturación alcance G. 3.230.227.453 y ocupe a un máximo de 30 trabajadores, mientras que las medianas deben llegar a ventas por G. 7.752.545.886 y emplear hasta a 50 trabajadores.

Siguen las repercusiones nacionales e internacionales a la ley Anti-ONG que está en manos del Presidente de la República, Santiago Peña, para su promulgación o veto. Un sector que está dentro de los gremios que generan empleos, como la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Aso mipymes), comunicó en mayoría que rechazan la normativa. Su presidenta cuestionó, entre otros puntos, que hay que ver su afectación a la libertad de trabajar.

Ante el anuncio de Santiago Peña, sobre un cambio legal en torno a la estabilidad laboral de los trabajadores, el empresario Luis Tavella planteó la necesidad de la reforma del Código Laboral. Señaló sin embargo que debe instalarse una mesa tripartita en la que estén incluidos los sectores obreros y representantes de micro, pequeñas y medianas empresas.

En el marco de la implementación de la Ley Hambre Cero, se realiza la primera rueda de negocios que invita a micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a productores dedicados a la agricultura familiar, con empresas adjudicadas por parte del Estado, a participar.