María Teresa Barán

La ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó ayer, en rueda de prensa, que a través de fondos de la Itaipú se tendrán 200 ambulancias nuevas para el SEME. Pero obvió que la licitación realizada a través de la Fundación Tesãi todavía no fue adjudicada y el proceso sigue abierto. Además, la cantidad de móviles a adquirir dependerá del descuento que ofrecieron los oferentes, según los responsables de la licitación, cuestionada por Cadam, que teme un direccionamiento.

Nueve asociaciones de pacientes con dolencias “catastróficas”, como el cáncer, denunciaron en un comunicado la falta crónica de remedios y exigieron, tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que adopten políticas de previsión y abastecimiento, pues el enfermo no podría esperar semanas o meses a que los burócratas culminen los trámites para la compra de fármacos ni los enfermos deben verse forzados a pedir un amparo judicial “para sobrevivir en un sistema indiferente o cruel”. Se trata de una muestra más del profundo malestar ciudadano -expresado también en las redes sociales- ante la aguda crisis del sistema sanitario, reflejado también en la insuficiencia crónica de médicos especialistas, de camas de terapia intensiva, de ambulancias, de equipos biomédicos para el diagnóstico precoz y hasta de jeringas y guantes, entre otros déficits que convierten en una burla cruel la norma constitucional que obliga al Estado a promover y proteger la salud como “derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, razón por la que nadie ha de ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas.

El senador Enrique Salyn Buzarquis reiteró hoy que existe una “mafia” dentro del sistema de salud pública y por esta situación, busca convocar a la ministra María Teresa Barán ante la mesa directiva de la Cámara Alta. “Esto no es un accidente, es un boicot total”, aseguró.

Santiago Peña y la ministra de Salud, María Teresa Barán, visitaron el recientemente inaugurado Centro de Diagnóstico de Imágenes y alardearon de la modernidad de este sitio, ubicado en el Hospital General San Lorenzo. Pero pasaron por alto que el servicio es tercerizado y le cuesta al Estado poco más de US$ 45 millones. Médicos afirman que costaría mucho menos si el servicio fuera público.

La catástrofe de la sanidad está generando múltiples protestas de la población e incluso de sus representantes, lo que es mucho decir dado que estos suelen ser más bien reservados, por así decirlo. El último episodio que ilustra el malestar reinante ante la notoria inoperancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) tuvo como escenario la sede de la Gobernación del Alto Paraná, donde la aún ministra María Teresa Barán debió escuchar numerosas quejas de los asistentes, como las de la concejal departamental Julia Ferreira (PLRA): “Tenemos médicos planilleros de alto rango que usted tiene la obligación de sanear, gente muriendo en los pasillos porque no hay jeringas ni guantes en el Hospital Regional”; por su parte, una asistente voluntaria de los familiares de pacientes allí internados creyó necesario informar a la ministra que ya no se necesitaban parches, curitas ni falsas promesas. Antes de que se hagan más reclamos, la ya caldeada reunión concluyó con el pretexto de que la interpelada tenía que cumplir con un compromiso en Asunción, no sin antes rechazar la construcción del Gran Hospital del Este porque, primero, habría que aprovechar lo existente, aunque la Universidad Nacional del Este haya donado seis hectáreas para el efecto.