El denominado “corruptour” llegó en la tarde de este martes hasta las instalaciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en el microcentro capitalino, para exigir la renuncia del presidente cartista Orlando Arévalo.
Mercedes Canese y María Esther Roa, quienes aspiran a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados, hablaron sobre sus propuestas de transparencia, control del gasto electoral, soberanía de energía hidroeléctrica, transporte público de calidad y de elevar el nivel de discusión en el Congreso. Ambas coincidieron en que en caso de que Santiago Peña gane las elecciones, priorizará la impunidad de Horacio Cartes y de sus negocios.
El cambio de postura del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien luego de rechazar su designación en la vicepresidencia 2ª de la Corte Suprema de Justicia terminó aceptando el cargo, generó todo tipo de críticas, sobre todo por la presunta injerencia política en las elecciones en el máximo tribunal. La activista anticorrupción María Esther Roa aseguró que el caso evidencia un “apriete de fuerzas externas en el Poder Judicial”.
Con miras a las elecciones del próximo Fiscal Gral. del Estado, María Esther Roa de la Coordinadora de Abogados destacó que en el Ministerio Público se necesita a alguien que piense en la gente. También manifestó su desconfianza hacia el entorno fiscal.
ÑEMBY. Una singular medida de protesta se realizó en la siesta de hoy en este distrito. El grupo “Somos Anticorrupción Paraguay” expuso rostros de políticos y exautoridades con procesos penales. Primeramente, se movilizaron frente a la municipalidad local y luego en la plaza Fulgencio Yegros expusieron varias fotografías y entre ellas resaltan las del expresidente de la República Horacio Cartes y el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, ambos considerados significativamente corruptos por los EE.UU.
Desde la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” señalan que el Ministerio Público tiene la obligación de presentar apelación contra el sobreseimiento definitivo de los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy. Aseguran que el presunto desvío de unos G. 3.700 millones no puede quedar en el “oparei”.