Argumentando indefensión del Estado, en calidad de víctima, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Justicia que revoque la sentencia que condenó a siete personas a 2 años con suspensión de la ejecución, por un caso de contrabando de artículos de electrónica por US$ 52 millones. La leve condena fue otorgada a cambio de una donación de G. 400 millones.
La finca 916 sigue siendo motivo de polémica, luego que el gobierno inicie acciones para evitar el despojo al Ministerio de Defensa Nacional, del denominado sitio “Jardines de Remansito”. La Municipalidad de Villa Hayes presentó la semana pasada una denuncia contra el Procurador General de la República por supuesta usurpación de funciones.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que los ocupantes VIP de la finca 916 del Ministerio de Defensa que aún no entregaron las llaves de sus propiedades, se exponen a la obligación de pagar los costos de los derrumbes de los edificios del lugar.
La Procuraduría informó que se decretó el embargo de bienes de los demandados por la ocupación de tierras de la Finca 916 en Remansito. El monto de retención asciende de acuerdo al costo que demandará la demolición de todo lo edificado sin autorización del Ministerio de Defensa. El procurador Marco Aurelio González no descartó que eventualmente se solicite una indemnización en caso de daños infringidos por los ocupantes.
El procurador general de la República dijo que el Estado solicitará que las edificaciones construidas sobre terrenos públicos por ocupantes ilegales, entre ellos empresarios y políticos, en Villa Hayes sean demolidas y las tierras devueltas al Estado como estaban antes de la invasión.
El actual procurador general de la República (PGR), Marco Aurelio González Maldonado, hizo un alto a su labor de velar por los intereses del Estado paraguayo, para meterse de lleno a la campaña que busca ubicar a Gerardo Bobadilla Frizzola como uno de los miembros del Consejo de la Magistratura. Bobadilla está vinculado a Jorge Bogarín Alfonso, declarado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”.