Ya no escapa al asombro diario las vicisitudes provenientes de las inconductas, ilícitas, en su mayoría, provenientes de quienes fungen como administradores de la cosa pública, de esa que pertenece a todos quienes contribuimos con nuestro esfuerzo a su existencia. La crisis de confianza por parte de la ciudadanía en los poderes públicos, fruto de actuaciones desviadas de la norma, e incluso constitutivos de figuras delictivas va in crescendo. Es que la impunidad está instalada en favor de la clase política merced a la grosera y hasta si se quiere abyecta posición del Ministerio Público y parte del Poder Judicial.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que, en 2022, nueve intendentes no invirtieron un solo centavo del total de 7.351 millones de guaraníes que recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para mejorar la infraestructura de las escuelas y los colegios de sus respectivos municipios. De ser así, ahora corresponde que el citado órgano denuncie la presunta malversación de fondos ante el Ministerio Público o que este intervenga de oficio ante un eventual hecho punible de acción penal pública, que no tendría nada de insólito: ocurre que la gestión de los recursos del Fonacide, tanto por parte de intendentes como de gobernadores, ha estado marcada por la corrupción impune, desde que fue creado por ley en 2012.
Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la UNA aseguraron que estarán en alerta ante el proceso de investigación de posibles malversaciones del fondo de la facultad, así como de posibles represalias en contra de los funcionarios que denunciaron las irregularidades.
Resulta loable inferir en los últimos postulados del sistema internacional, que esgrimen a través de convenciones, cierta normatividad que permite enfrentar a la criminalidad organizada, teniendo en consideración la protección directa a una economía globalizada, por la implicancia de la intervención de agentes que actúan con fines ilícitos. Así, el sistema financiero transnacional ocupa recaudo, ante el incremento de empresas (constituidas) que suministran bienes ilícitos adquiridos mediante delitos precedentes del lavado de activos.
La intervención a la Gobernación de Guairá detectó irregularidades, muchas de ellas indicios de hechos punibles, que son argumentos suficientes para que la Cámara de Diputados destituya al gobernador cartista Juan Carlos Vera Báez, cesado en sus funciones desde hace tres meses. Es cierto. Como también es cierto que la intervención se convirtió en una persecución política y que desde su gestación buscaba sacar del cargo al jefe departamental, se tengan o no argumentos sólidos; y poner en su reemplazo a un concejal que responda al diputado Éver Noguera, hoy precandidato a gobernador por Fuerza Republicana.
SAN SALVADOR. La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a otras dos personas a pagar 10 millones de dólares como responsabilidad civil por la malversación de una misma cantidad donada por Taiwán, informó este miércoles la Fiscalía.