2 de abril de 2025
Legisladores y abogados presentaron este martes una serie de acciones que pueden realizar distintas instituciones. El escrito refuerza el pedido de la Defensoría del Pueblo, de suspender los embargos y declarar nulos los juicios en Juzgados de Paz, hecho ante la Corte Suprema de Justicia, para salvaguardar a las víctimas del esquema de “la mafia de los pagarés”.
Los jueces de Garantía Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia procesaron a funcionarios de cuatro Juzgados de Paz y abogados y los convocaron a presentarse en tribunales en el mes de abril, para las audiencias de imposición de medidas a los mismos. Por otra parte, pidieron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el desafuero de tres jueces de Paz, en el marco del caso conocido como “la Mafia de los pagarés”.
El oficial de justicia Ronald Navarro presentó una denuncia contra la fiscala de delitos económicos Belinda Bobadilla. El funcionario judicial atribuye a la agente una supuesta persecución a inocentes, prevaricato y otros delitos presuntamente cometidos en la investigación de la mafia de los pagarés.
De entre los 63 imputados en el caso “mafia de los pgarés”, hay algunos que están estrechamente ligados a políticos, también a ex ministros y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esta causa penal la Fiscalía indaga una presunta estructura integrada por jueces, actuarios, ujieres y abogados, para promover juicios con documentos presuntamente falsos.
Los abogados Jorge Rolón Luna y Kattya González realizaron una presentación al defensor del Pueblo y exigieron que inmediatamente se suspendan los descuentos de salario a los afectados en el caso de la mafia de los pagarés. La exsenadora cuestionó que esta institución ha hecho muy poco en estos años por los ciudadanos, mientras que el Rolón señaló que este caso podría llegar a instancias internacionales.
El trabajo de investigación, que arrancó a finales de diciembre del año pasado, hoy tiene a 60 imputados en el caso de la mafia de los pagarés, quienes se aprovechaban de personas de un sector socioeconómico bajo. Los afectados no tenían conocimiento de que habían sido citados a reconocer firmas y se enteraban de la situación recién con los descuentos de salario.