Mafia de los pagarés

El presidente Santiago Peña anunció a través de sus redes que promulgó la Ley N° 7564, que “establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos”. La normativa surgió tras el caso de la Mafia de los Pagarés, pero deja sin protección a trabajadores del sector privado.

El desgarrador testimonio de la docente Liz Prieto ilustra el calvario de las dos mil víctimas de la “mafia de los pagarés”: un préstamo de un millón de guaraníes, pedido en 2016 para comprar un microondas, se convirtió en una deuda de tres mil millones, que hoy se le reclama por la vía judicial y por la que ya pagó setenta y ocho millones. Por de pronto, entre los 67 acusados por el Ministerio Público en esta horrenda historia, pues habrían prevaricado y producido documentos de contenido falso, entre otros hechos punibles, figuran jueces de paz, ujieres, actuarios, oficiales de justicia y abogados. Si se ha llegado a los extremos mencionados es porque hay mucha podredumbre en el Poder Judicial: la pregunta es hasta cuándo no pocos de sus miembros seguirán victimizando a la gente desde sus despachos.

Diputados opositores advirtieron que Honor Colorado (HC) podría utilizar una reclamo legítimo como es el de las víctimas de la “mafia de los pagarés” -que solicitaron el juicio político a los nueve ministros de Corte- como “apriete” contra estos o directamente para apartar a los que molestan y tener también ya una “Corte (Suprema de Justicia) a medida” con todos sus miembros alineados.

El Senado postergó por 15 días el tratamiento del proyecto de ley que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto del pago total de la deuda y crea un régimen sancionador para los acreedores que incumplan.

El abogado Jorge Rolón Luna, quien investigó e inició las denuncias de las víctimas del esquema conocido como “La mafia de los pagarés”, contó cómo pidió al titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, organizar a los docentes para una denuncia colectiva, quien además de negarse, lo amenazó. Denunció a la Fiscalía por excluir la figura penal de asociación criminal, para beneficiar a los sospechosos.