23 de septiembre de 2025
Los hechos y testimonios no negados en torno al caso de “Los sobres del Poder” que complican al presidente de la República, Santiago Peña, obligan al Ministerio Público a abrir una investigación penal, como lo hizo en otros casos, señaló el abogado y exmiembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Jorge Rolón Luna. Apuntó que hay elementos de sospechas de posible coacción, usurpación de funciones y eventualmente coima.
El escándalo de hallazgo de sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga deja en evidencia llamativas visitas en horario poco usuales y sin registros en la agenda oficial del Presidente Santiago Peña. Una de ellas es Miguel Cardona, principal accionista de la empresa con el mayor contrato público del programa Hambre Cero. También aparece Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, cuyo banco y otras empresas se beneficiaron con billones de fondos públicos en los dos años de este gobierno. Asimismo, figuran el titular de la DNIT, Óscar Orué, y el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.
El senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) se refirió a la serie de violaciones e irregularidades presuntamente cometidas en torno al caso de los “sobres del Poder” que salpica al presidente Santiago Peña, y llamó a la Fiscalía a actuar ante posibles “conductas delictivas”.
El diputado Raúl Benítez (Independiente) encendió la etapa de oradores de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados haciéndose eco del caso “Los Sobres del Poder”, planteando sus dudas sobre el origen de presuntos pagos ‘por debajo de la mesa’ relacionándolos con el “Tañarandy” del caso de los senadores cartistas Norma Aquino (Yamy Nal) y Javier Vera (Chaqueñito). En respuesta, los cartistas censuraron y cerraron la etapa de oradores.
El despido de una familia que trabajaba en Mburuvicha Róga destapa uno de los mayores escándalos, sin antecedentes en los últimos tiempos. Se trata de la sospechosa aparición de sobres con miles de dólares en la residencia ocupada actualmente por el presidente Santiago Peña. Los extrabajadores denuncian que fueron acusados injustamente por el mismo mandatario de robar el dinero. A esto se suma, según relatan, el sometimiento a pruebas poligráficas sin control alguno y otros abusos, con el fin de incriminarlos en la supuesta desaparición de los millones en efectivo de la casa presidencial.