Al inicio del juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) la defensa del exministro del Interior Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez solicitó al Tribunal de Sentencia la exclusión de la pericia al celular del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, alegando que su incorporación entre los elementos de prueba fue ilegal. Por su parte la fiscalía solicitó la declaración del también criminal brasileño Lindomar Reges Furtado.
CIUDAD DEL ESTE. La Corte Suprema de Justicia archivó la investigación preliminar contra el juez penal de Garantías Carlos Vera Ruiz, que había otorgado un habeas corpus al presunto narco brasileño Lindomar Reges Furtado. Con la resolución judicial, Reges Furtado se paseaba en Paraguay sin ser molestado por la Policía, hasta que provino una orden de captura desde Brasil.
El juez de Garantías Gustavo Amarilla reiteró la orden de captura nacional e internacional contra el brasileño Lindomar Reges Furtado, quien había escapado del Paraná Country Club del Alto Paraná en el marco de la “Operación Turf”, siendo él uno de los objetivos principales de este operativo.
Lindomar Reges Furtado, uno de los objetivos de la operación Turf, logró huir el 15 de febrero pasado, pese a estar “bajo la mira” del fiscal Lorenzo Lezcano. El agente recibió entre mayo y agosto de 2021 informes, en el marco del operativo Smart, en los cuales se citaba a Lindomar como parte de la supuesta red de Sebastián Marset, prófugo tras el desarrollo de A Ultranza Py. En tanto, Marcus Vinicius Espíndola, otro buscado de Turf, terminó preso luego de intercambiar mensajes con el imputado exministro Arnaldo Giuzzio.
El fiscal Lorenzo Lezcano manejaba datos sobre el prófugo Lindomar Reges Furtado desde mayo del año pasado. Así lo revelan los informes remitidos por el Comando Tripartito para que se investigue la presunta estructura de narcotráfico integrada por el uruguayo Sebastián Marset (prófugo), Mauricio Schuartzman (asesinado), Miguel “Tío Rico” Insfrán (prófugo) y otros. Reges Furtado aparecía como el encargado de “gerenciar los envíos” dentro de la red.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó hoy la resolución del Consejo de Superintendencia que dispone una auditoría de reacción inmediata a todos los juzgados de Primera Instancia del Alto Paraná, respecto a las garantías constitucionales (habeas corpus, habeas data y amparos) otorgadas desde hace cinco años.