licitación

Otros dos procesos del IPS para compra de alimentos, por un monto global de G. 36.360 millones (alrededor de US$ 5,1 millones), fueron suspendidos por Contrataciones Públicas. En ambos casos también figuran requisitos sugestivos en el pliego de bases y condiciones (PBC), como la obligatoriedad de ser elaborador de dulces y turrones, pese a que estos productos no aparecen en los proyectos de menús para los pacientes y funcionarios de la previsional. Se sospecha el direccionamiento hacia empresas proveedoras del programa Hambre Cero.

En tiempo récord, el Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó la licitación para la contratación de un software integral de gestión para sus áreas de Aporte Obrero Patronal y Recaudaciones por G. 122.767.470.305 (US$ 17,3 millones), a pesar de las protestas recibidas. A menos de un mes entre la publicación del llamado y la adjudicación, el ente benefició a las únicas empresas presentadas en cada lote: Infocenter SA y Softshop SA.

Registro como elaborador de forma específica de turrón de maní y dulce de batata sin que estos productos aparezcan en el menú, además de márgenes de capacidad financiera por encima de convocatorias de este tipo exige el IPS a las empresas interesadas en participar del llamado a licitación para la compra de alimentos para pacientes y funcionarios del Hospital Ingavi, por G. 26.561 millones, más de US$ 3,7 millones. La DNCP suspendió el avance del proceso debido a protestas.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizó el lunes 20 de este mes el acto de apertura de sobres de la licitación de la Consultoría ANDE-BID N.° 104/2025, para contratar a un especialista en sistemas energéticos para el proyecto de expansión del sistema de transmisión, en alta tensión, y acciones de eficiencia Energética, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Contrato de Préstamo N.° 5023/OC-PR.

Hasta hoy viernes, Conatel recibirá las consultas de interesados en la licitación de licencias de TV Digital Terrestre, con cobertura nacional. El proceso generó sospechas de direccionamiento a favor del Grupo Vázquez, conglomerado “amigo” del Gobierno que busca expandirse en el rubro de los medios.