5 de diciembre de 2025

La Justicia brasileña responsabiliza a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, de un esquema criminal dedicado al tráfico de cocaína a gran escala, a varios países de la región y Europa. De acuerdo con el relato en el exhorto de extradición remitido a Paraguay, el acusado en el caso Pavo Real II replicó en nuestro país el modelo criminal que lideraba en Brasil.


El narcotraficante Jaime Franco, condenado a 18 años de cárcel por tráfico de cocaína y recientemente procesado por presunto lavado de dinero, donde se dictó su prisión preventiva; es requerido por la Justicia de Brasil para compurgar una pena de 60 años de cárcel, también por narcotráfico. Paraguay aprobó su extradición, pero debe finiquitar primero los procesos que afronta en nuestro país.

Un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado ratificó que las 7 personas detenidas en el Operativo “Apulia” serán juzgadas en un juicio oral, por supuesta posesión y tráfico de estupefacientes. La operación se concretó en mayo de 2022.

Una jueza de Garantías decretó de oficio la prescripción de la causa penal sobre el perjuicio patrimonial de G. 9.860 millones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el sobreseimiento definitivo de doce procesados, entre ellos un ex titular de la hidroeléctrica. El expediente estuvo en la Cámara de Apelaciones por 7 años para resolver la impugnación de un juez contra la inhibición de un colega suyo.

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción confirmó el bloqueo de bienes y cuentas bancarias que están a nombre de los 22 procesados por presunto tráfico de armas, en el caso Dakovo. La resolución del tribunal de alzada afecta también a “Internacional Auto Supply S.A”, firma que presuntamente fue utilizada para el ilícito, según los investigadores.

La jueza Penal de Garantías Especializada en la lucha contra el Crimen Organizado, Lici Sánchez, explicó que pese a que el Ministerio de Justicia volvió a habilitar Tacumbú, no enviarán a más procesados a dicha penitenciaría a fin de resguardar la seguridad de los mismos y de que se cumpla realmente que cada preso quede efectivamente bajo custodia del Estado.