libertad de prensa

Los dirigentes de este gobierno de Honor Colorado se declaran perseguidos y víctimas de una conspiración insondable que, por envidia y maldad, busca desprestigiarlos.

Al parecer nuestro país está volviendo a la vieja práctica de hacer sistemática la delación. Lejos de todo lo que puede esperar la ciudadanía, las personas que denuncien hechos irregulares, crímenes o corrupción corren el riesgo de ser ellas mismas las investigadas.

Todo indica que Norma Aquino, la senadora cartista tránsfuga, pasará al frente. De ser proyectista para apoyar al turismo en transportes de mediana y larga distancia, además de declarar de interés ecoturístico el Chovoreka, finalmente Aquino revolucionará el país y probablemente el mundo: quiere que los periodistas presentemos declaraciones juradas porque, según ella, nos ocupamos de los asuntos públicos y no rendimos cuentas de los nuestros. La cartista tránsfuga deliberadamente olvida que, al igual que todos los ciudadanos del sector privado (que no tocamos un céntimo del dinero público), estamos no solamente controlados por Tributación y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), sino también por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Al parecer, la amenaza a la libertad de prensa es cosa de antaño; podríamos decir, desde la antigüedad.

Apenas un día duró la promesa hecha tras la Cumbre de Poderes del presidente Santiago Peña de resguardar la labor libre de la prensa, ya que ayer varios diputados cartistas atacaron a los medios de comunicación por evidenciar la corrupción en todos los niveles del Gobierno, mediante la publicación de las evidencia obtenidas mediante pericia judicial del teléfono del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.