30 de junio de 2025
Supuestamente, este año tenía que ser el último después de la pandemia con un déficit público por encima del tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal, ya con la prórroga obtenida por la actual administración de Santiago Peña. Este fue el compromiso de las fuerzas políticas y del Gobierno con los organismos multilaterales, con las calificadoras internacionales de riesgo y, más importante aún, con la población paraguaya. Sin embargo, en la práctica, el endeudamiento y el gasto estatal, fundamentalmente el corriente y rígido, en vez de ajustarse y disminuir, crecen sin parar.
Según el informe de Situación Financiera (Situfin) de la Administración Central, el ejercicio fiscal 2023 se cerró con un déficit fiscal acumulado de G. 13,042 billones (US$ 1.790,4 millones), que representa una tasa del -4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Con esto se completan cinco años consecutivos de saldo rojo en el presupuesto, que sale del tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5% del PIB). Estos datos fueron dados a conocer esta semana por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el informe elaborado por el Viceministerio de Economía y Planificación, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a lo informado en la oportunidad por el encargado de despacho del citado Viceministerio, Felipe González Soley; el director de Política Macro Fiscal, Rolando Sapriza; y la jefa de Coyuntura Macro Fiscal, María Angélica Pintos, este déficit fiscal acumulado del ejercicio 2023 cerró conforme a lo autorizado en la Ley de Medidas Extraordinarias de Gestión para las Finanzas Públicas, consistente con una nueva senda de convergencia fiscal.
El entrante gobierno se enfrentará a una serie de desafíos, pero los mismos se concentran en cuatro áreas: la convergencia y reducción del déficit fiscal, el control de la inflación, así como la recuperación del poder adquisitivo, incentivar el crecimiento económico y la reforma del sistema de pensiones. Desde el aspecto socioeconómico es necesario recordar que la pobreza en Paraguay, sobre todo en las últimas dos décadas, ha venido en descenso.
En medio de la vorágine política pasó poco menos que desapercibido un nuevo acuerdo bianual firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 2022, cuyo contenido se ha estado divulgando en estos días. Como es habitual, hubo una misión técnica del Fondo que analizó con las autoridades las debilidades y desafíos de las cuentas nacionales e identificó los puntos donde es preciso poner énfasis para proteger la sostenibilidad fiscal y mejorar el prospecto de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Tanto las preocupaciones como las recomendaciones concuerdan con las expresadas y advertidas por la mayoría de los analistas independientes y los principales agentes del sector privado, pero han pasado cuatro meses y lo que se observa es que prácticamente no se ha cumplido nada de lo convenido ni se han dado señales en esa dirección.
El Ministerio de Hacienda presentó esta semana al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de Nación (PGN) 2023, que incorpora a 101 instituciones públicas componentes de la Administración Central y de Entidades Descentralizadas, representando el 33% del producto interno bruto (PIB).
La Cámara de Senadores se ratificó este jueves en elevar del 1,5 al 3% del producto interno bruto (PIB) el porcentaje de déficit fiscal para el actual Presupuesto General de la Nación. Los diputados, ante la falta de documentación sobre el destino del dinero que pretende usar el Poder Ejecutivo, habían aceptado aumentar la deuda, pero solo al 2%.