7 de noviembre de 2025

El senador Basilio “Bachi” Núñez indicó que la ley seguirá siendo tratada, y que lo importante acá son los senadores que votarán a favor o no. Con respecto a los defensores de derechos humanos, indicó que tienen la propuesta de incluirlos en la Ley de Derechos Humanos. Además, apuntó que el dictamen del asesor jurídico de la Cámara de Senadores, Emilio Camacho, no fue muy acertado.



El senador Ever Villalba, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se refirió al caso del periodista Pablo Medina, asesinado por orden de Vilmar “Neneco” Acosta, exintendente de Ypejhú, hace 11 años, que es el único caso de los 21 homicidios de periodistas en era democrática que cuenta con una condena contra el autor intelectual. Aseguró que pese a este antecedente, el narcotráfico “goza de buena salud” en el país.

El senador Líder Amarilla destacó que está de acuerdo con la aprobación de la Ley de protección a periodistas, que fue postergada ayer en el Senado. Aclaró, sin embargo, que se deben realizar ciertos “ajustes” y establecer mejor los límites de alcance y las definiciones, para que se establezca una protección real a los trabajadores de la prensa y se cumpla con la sentencia de la Corte IDH respecto a las garantías para el ejercicio de la profesión.

Este miércoles, mediante el cartismo, se postergó el tratamiento de la Ley de protección a periodistas. En medio de amenazas y ataques de que son víctimas los trabajadores, el senador liberocartista Dionisio Amarilla dijo que la propuesta legislativa supuestamente crearía una “casta”, con ciudadanos de primera y de segunda.
La fiscala especializada en derechos humanos Sonia Sanguinés, quien investiga los recientes ataques a los domicilios de los periodistas Carlos Benítez y Aníbal Benítez en Lambaré, señaló que se presume que los ataques se realizaron con el objetivo de “cercenar la labor periodística”.

El senador Mario Varela insistió en la urgencia de aprobar la ley que crea un mecanismo de protección para periodistas en Paraguay. Afirmó que el país tiene una deuda pendiente tras la condena internacional por el caso Santiago Leguizamón y que “no podemos esperar otro Pablo Medina para actuar”, refiriéndose a dos de los casos más emblemáticos de asesinatos de periodistas.