El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos se apartó de la Sala Penal que debe resolver tres recursos planteados en la causa del exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez. Esta decisión dilata la resolución de la apelación contra la condena a 11 años de cárcel, por el desvío de G. 42.500 millones de la institución departamental.
La Cámara de Apelaciones otorgó la prórroga extraordinaria solicitada por el Ministerio Público y concedió 6 meses más a los fiscales del caso para finalizar la investigación al intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y otros 21 procesados por el caso “detergente de oro”. La Fiscalía fundamenta que hay varias diligencias pendientes, como la respuesta al pedido de cooperación internacional a la República de Francia, sobre la exportación del detergente de alta concentración al Paraguay.
El juez penal Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de reposición contra la decisión judicial que negó la abreviación de plazo y el pedido de sobreseimiento definitivo a favor del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR).
La ineficiencia del Ministerio Público, una vez más, dejó impune una presunta malversación de G. 1.288 millones en detrimento a la Municipalidad de Villeta. Cinco ediles municipales habían denunciado a intendente Teodosio Gómez (PLRA) por supuesta lesión de confianza, sin embargo la causa se estancó y prescribió.
La presidenta de un Tribunal de Sentencia ordenó el embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional; y de Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, hasta cubrir la suma de Gs. 2.482.950.000, más los gastos de justicia estimados en Gs. 248.295.000. Ambos fueron condenados por lesión de confianza a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena.
Es sabido que en nuestro país existe la propensión de que fiscales y jueces tiendan a someterse dócilmente al poder político, por lo que son raras las ocasiones en que los ladrones de fondos públicos conocen en carne propia el rigor de la ley penal. Tan es así que cuando el Ministerio Público y la judicatura no hacen más que cumplir con su deber, ya merecen el aplauso de la ciudadanía habituada a la impunidad lisa y llana de quienes administran el dinero de los contribuyentes solo para enriquecerse. Por eso, es elogiable que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, haya condenado –por unanimidad– a diez años de cárcel al exgobernador del departamento Central Hugo Javier González por los hechos punibles de lesión de confianza grave y uso de facturas falsas o “clonadas” para realizar obras ya existentes.