lavado de activos

Ante la participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial con agentes de la GAFILAT, actividad cuyos financistas en el sector privado se desconoce, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) anunció que presentará ante el Senado un pedido de informe para desenmascarar a los “aportantes” del escandaloso evento.

Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo económico formal (colocación). En tanto, al acervo probatorio resulta “complicado”, por lo que la metodología investigativa debe lograr “examinar” el hecho antijurídico precedente, bajo los tramos dispositivos por Ley Nº 6452/19, que referencian los verbos rectores como “convertir”, “ocultar”, “disimular”, en cuanto a la procedencia; y/o “frustrar”, “peligrar” lo atinente al conocimiento de la ubicación del activo irregular para su “comiso”.

Indudablemente, estamos ante una sociedad de riesgo que propone nuevas bases para la consolidación de injustos, tal como lo sostiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su pronunciamiento respecto a las monedas virtuales y los riesgos potenciales que determinan el Anti Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Es que el organismo internacional de lucha (ALA/CFT) entabla un justiprecio debido sobre una notable inversión en infraestructura de protocolos de softwares, que ocupan formas para la transmisión de valor a través del internet.

Hemos de profundizar respecto a las indudables “acciones” delictivas que congenian con el ecosistema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ante la inédita referencia de los activos virtuales que representan un “valor” económico dentro del sistema financiero internacional. En atención a lo razonado, los parámetros investigativos se han perfeccionado en la información “digital” electrónica o documental, que ocupan un (singular) reto para la justicia penal, pues, la diversidad delictual como la cibercriminalidad requieren de la incorporación de material probatorio electrónico.