16 de marzo de 2026

El contralor general Camilo Benítez sigue avalando a sus funcionarios que son hurreros del cartismo, en violación incluso de reglamentos internos. Esto, pese a que colaboró con el oficialismo para destituir a la senadora Kattya González (independiente) por un hecho similar con un funcionario comisionado al despacho de la opositora.
Hoy se cumplen dos años desde que el Senado paraguayo, dominado por el cartismo y sus aliados, perpetró uno de los atropellos más flagrantes contra la democracia en nuestra historia reciente: la destitución arbitraria de la senadora opositora Kattya González. El 14 de febrero de 2024, con apenas 23 votos y violando su propio reglamento interno que exigía un quorum de 30, la Cámara Alta la removió bajo la excusa de “uso indebido de influencias”, una acusación endeble que no resistiría el escrutinio de un proceso justo. Este insostenible argumento fue desestimado meses después por el Ministerio Público, por lo que quedaba en evidencia el atropello cometido desde el Parlamento paraguayo.


La diputada Johanna Ortega, precandidata a la Intendencia de Asunción por la oposición, aprovecha el receso parlamentario para hacer proselitismo, en este caso encabezó una jornada de iluminación y limpieza integral de la Plaza Descanso de barrio Obrero.

En repudio a la reunión secreta de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otros partidos políticos opositores resolvieron convocar a todas sus fuerzas y a la ciudadanía en general a una marcha para este lunes 15, a las 09:00, frente a la sede del Poder Judicial.

Robert Marcial González, abogado y hermano de la exsenadora Kattya González, calificó de “escandalosa, inverosímil y servil” la reunión secreta entre ministros de la Corte Suprema y el presidente de la República. Adelantó que solicitarán que los integrantes involucrados se aparten del caso de la acción de inconstitucionalidad planteada por la exparlamentaria, al que la Corte lleva casi dos años sin dar respuesta.