26 de septiembre de 2025
En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.
Las imputaciones presentadas contra 63 presuntos involucrados en el esquema de la “mafia de los pagarés” resaltan las actuaciones ilegales de los ujieres, actuarios y jueces de Paz, quienes en contubernio de abogados de empresas de cobranza montaron procesos judiciales que afectaron a centenares de víctimas.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar, de oficio, a dos juezas de Paz presuntamente involucradas en la “mafia de los pagarés”. La decisión se dio a propuesta del ministro Manuel Ramírez Candia y fue por unanimidad. Además, el colegiado pide a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de las magistradas, sin goce de sueldo.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dio apertura al proceso contra las juezas de Paz Analia Cibils Miñarro y Liliana González de Bristot, suspendidas por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el caso “mafia de los pagarés”. El 19 de febrero de 2025 es la fecha límite para presentar acusación contra las magistradas.
El empresario Porfirio Giménez, propietario de la playa de venta de vehículos usados Mathías Automotores, fue detenido esta mañana tras el allanamiento de su casa ubicada en Defensores del Chaco casi La Unión de la ciudad de Lambaré. El hombre está acusado de liderar una estructura dedicada a estafar a las personas que le compraban los automóviles a cuotas, según informó el subcomisario Héctor Molinas, jefe de la oficina externa de Cuatro Mojones del departamento de Lucha contra las Organizaciones Criminales.
SAN JUAN NEPOMUCENO. Docentes de diferentes partes del país denunciaron que fueron víctimas de un “descomunal robo” a través de “embargos judiciales” ordenados por la jueza de paz de esta ciudad caazapeña. Son más de 300 educadores los afectados y a cada uno fueron descontados más de G. 1.500.000. La secretaria del Juzgado de Paz, Rosana Mendoza, denunció que su firma fue falsificada en el oficio judicial que ordenó el descuento a los funcionarios.