3 de diciembre de 2025

Para este viernes estaba prevista la audiencia preliminar del ex juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta y otros funcionarios de dicho juzgado, acusados por presunta corrupción en el marco del caso “mafia de los pagarés”. Sin embargo, una de las defensas recusó al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y suspendió la diligencia.

El Ministerio Público presentó acusación contra cuatro jueces de Paz por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” y piden que vayan a juicio junto 8 ujieres, 9 actuarios, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados por presunto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles. La colaboración de 4 ujieres fue fundamental para que la Fiscalía confirme su teorías sobre el funcionamiento de la organización criminal, que era encabezada por los propios magistrados. Estos se quedaban con “la mayor parte de dinero”.

Un Tribunal de Apelación confirmó la admisión de la imputación contra la jueza de paz de La Encarnación, Analía Cibils, por parte del juez Rodrigo Estigarribia. La magistrada está investigada por el Ministerio Público como presunta integrante de un esquema de fraude conocido como la “Mafia de los pagarés”.

La Corte Suprema de Justicia resolvió investigar la desaparición de 2.500 expedientes del Juzgado de Paz del barrio San Antonio, en Asunción, vinculados al caso conocido como “mafias de los pagarés”. La denuncia fue realizada por el juez interino de la sede, y el caso se tramita en la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia. La Corte reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión judicial.

La Corte Suprema de Justicia resolvió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía el resultado de auditorías realizadas a juzados de Paz de Villa Elisa y Lambaré. Los jueces y funcionarios, en la mira de la justicia a raíz de una serie de irregularidades, ya tienen pedido de suspensión.

El trabajo de investigación, que arrancó a finales de diciembre del año pasado, hoy tiene a 60 imputados en el caso de la mafia de los pagarés, quienes se aprovechaban de personas de un sector socioeconómico bajo. Los afectados no tenían conocimiento de que habían sido citados a reconocer firmas y se enteraban de la situación recién con los descuentos de salario.