juzgado de paz

La Corte Suprema de Justicia resolvió investigar la desaparición de 2.500 expedientes del Juzgado de Paz del barrio San Antonio, en Asunción, vinculados al caso conocido como “mafias de los pagarés”. La denuncia fue realizada por el juez interino de la sede, y el caso se tramita en la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia. La Corte reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión judicial.

La Corte Suprema de Justicia resolvió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía el resultado de auditorías realizadas a juzados de Paz de Villa Elisa y Lambaré. Los jueces y funcionarios, en la mira de la justicia a raíz de una serie de irregularidades, ya tienen pedido de suspensión.

El trabajo de investigación, que arrancó a finales de diciembre del año pasado, hoy tiene a 60 imputados en el caso de la mafia de los pagarés, quienes se aprovechaban de personas de un sector socioeconómico bajo. Los afectados no tenían conocimiento de que habían sido citados a reconocer firmas y se enteraban de la situación recién con los descuentos de salario.

Las imputaciones presentadas contra 63 presuntos involucrados en el esquema de la “mafia de los pagarés” resaltan las actuaciones ilegales de los ujieres, actuarios y jueces de Paz, quienes en contubernio de abogados de empresas de cobranza montaron procesos judiciales que afectaron a centenares de víctimas.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar, de oficio, a dos juezas de Paz presuntamente involucradas en la “mafia de los pagarés”. La decisión se dio a propuesta del ministro Manuel Ramírez Candia y fue por unanimidad. Además, el colegiado pide a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de las magistradas, sin goce de sueldo.