17 de marzo de 2026

El exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy aparece como una persona clave para el ocultamiento de los bienes de la organización dedicada al narcotráfico desmantelada con el megaoperativo A Ultranza Py, tanto a título personal como a través de la cooperativa San Cristóbal, donde se desempeñaba como presidente. El exparlamentario está acusado por supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.

La jueza Rosarito Montanía ordenó que el exdiputado Juan Carlos Ozorio regrese a la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, de donde fue trasladado sin orden judicial. La magistrada justificó su decisión asegurando que no existen documentos que acrediten el supuesto riesgo que corre el procesado.

El viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, manifestó que el traslado del procesado Juan Carlos Ozorio del penal Juan Antonio de la Vega a Emboscada antigua fue comunicado, solo que coincidió en el tiempo de realización de su audiencia preliminar. Sobre el pedido de informe de la jueza Rosarito Montanía, el viceministro indicó que ya se cumplió con la solicitud correspondiente. Sobre el lugar de reclusión de “Ñoño” Núñez, hermano del senador colorado Basilio Núñez, todavía no tienen información del juzgado pertinente.

La jueza de la Unidad Penal Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, emplazó este jueves a las autoridades penitenciarias del Ministerio de Justicia para presentar un informe sobre el traslado el convicto Juan Carlos Ozorio, procesado por el operativo antidrogas “A Ultranza Py”, desde la Penitenciaría “Juan Antonio de la Vega” a Emboscada Antigua, ambas ubicadas en un extenso predio de la ciudad de Emboscada.

Durante la gestión del expresidente de la Coop. San Cristóbal Juan Carlos Ozorio, se repartieron casi 1.900 préstamos irregulares, bajo la figura de “descuentos de cheques”. El monto de la repartija llegó a G. 133.593 millones. De esta cifra, G. 6.597 millones pasaron a integrar los G. 75.776 millones que deberán pagar los socios, ya que figuran como “cargos diferidos” a ser amortizados en 10 años. También se repartieron millones de la entidad a través de créditos a sola firma.