28 de noviembre de 2025

Ángel Ramón Barchini, ex ministro de Justicia de este Gobierno - duró apenas 9 meses en el cargo-, asumió ayer como nuevo director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, en reemplazo del profesor Rubén Galeano. El nombramiento se da luego de denuncias por la supuesta injerencia del clan Bogarín en esta unidad académica, dependiente de la Facultad de Derecho de la UNA.



Tras la frustrada licitación para la compra de máquinas de votación, Jorge Bogarín, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), anunció que la institución impulsará el arrendamiento de estos equipos con un presupuesto estimado de US$ 30 millones. Señaló que el llamado sería publicado la próxima semana y busca cubrir las internas y municipales próximas a realizarse.


El abogado Jorge Rolón Luna, principal denunciante del esquema conocido como la “mafía de los pagarés”, criticó el clientelismo vigente en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNA, donde estudiantes y egresados denuncian el copamiento de ambas sedes por parte del clan de Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos.

Según afirmó el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, la cancelación de la licitación para adquirir las máquinas de votación se dio por un dictamen que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió para que la institución reevalué a una empresa coreana que, según denunció el diputado Mauricio Espínola, tendría relación con la empresa Itti, perteneciente a Ueno Holding, de la que el presidente Santiago Peña fue accionista estando en funciones.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Carlos González Morel, se desmarcó del conflicto que existe con el movimiento liderado por Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por Estados Unidos, en las elecciones para integrar el Consejo Directivo y El Consejo Superior Universitario. La candidata de este movimiento fue impugnada por el grupo opositor, porque supuestamente no cumple con la antigüedad requerida en el padrón.