14 de junio de 2025
La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) también cuestionó que la Contraloría a cargo de Camilo Benítez (ANR) haya sido clave con un favorable “examen de correspondencia” para salvar en la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito al expresidente Horacio Cartes, considerando que incluso parece un “pago adelantado” para eventualmente ir como ministro de Corte de la mano del cartismo.
La diputada Johanna Ortega salió al paso de la denuncia realizada por el senador Javier Zacarías Irún en redes sociales, y aclaró que su marido no posee ningún vínculo con la Municipalidad de Ciudad del Este. Apuntó que esta es una campaña de desprestigio hacia su persona y de todos los que tienen ideales distintos. Aclaró que su voz no tiene precio y que accionará contra el exintendente de CDE.
El senador Javier Zacarías Irún afirmó ayer que el marido de la diputada Johanna Ortega era funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este y por eso ella defendía a Miguel Prieto. La parlamentaria emitió un comunicado donde denuncia que es una campaña de “mentiras y difamación”, buscando su silencio. Aseguró que su esposo no es funcionario público y no existe ningún documento oficial que pueda sustentar lo contrario. Advirtió que están evaluando acciones jurídicas a tomar y no descarta recurrir a los juzgados.
La diputada Johanna Ortega denunció que el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este es parte de una operación política y mediática para sacar del camino al intendente Miguel Prieto, a quien considera una figura clave de la oposición con miras a las elecciones presidenciales.
Senadores rechazaron y devolvieron a Diputados el proyecto contra el criadazgo en el país. La senadora Johanna Ortega se mostró molesta por la actitud de los legisladores, quienes ni siquiera se tomaron la molestia de analizar la propuesta. Indicó que en este trabajo, que duró un año, trabajaron varios entes del Estado.
El contralor Camilo Benítez Aldana es directamente un operador del cartismo, que utiliza la Contraloría General como arma política para perseguir a los opositores y blanquear a los aliados, indicaron las diputadas Johanna Ortega y Leidy Galeano.