18 de mayo de 2025
En los últimos 20 años, la inversión pública como porcentaje del PIB ha tenido marcadas diferencias en América Latina y el Caribe. Desde el año 2000, el promedio regional fue del 4,3%, pero con amplias brechas entre países: Chile alcanzó el 3,65%, Perú el 2,90% y Paraguay un 2,66%, mientras que Brasil registró el 2,18% y Argentina apenas un 1,34%, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Gobierno ha informado que el déficit fiscal anualizado se ha reducido del 4,1% del PIB al cierre de 2023 al 3,2% en mayo. Esta sería una buena noticia si no fuera porque tal reducción no se produjo como resultado de una caída significativa del gasto corriente y de los costos fijos, que, al contrario, se han incrementado, sino de un aumento de las recaudaciones aportadas por los contribuyentes y de un recorte drástico de las inversiones públicas, que en lo que va del año recibieron 50% menos de recursos que en el mismo período del año pasado.
La infraestructura es uno de los pilares fundamentales en el proceso de expansión de los países a nivel mundial. En tal sentido, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la infraestructura económica representa un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, así como un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías.
Las inversiones públicas cayeron 72,9% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al segundo mes del año la ejecución de las inversiones públicas se mantiene muy por debajo de las realizada en el mismo periodo del año pasado, teniendo en cuenta que el fisco debe alinearse al tope de déficit fiscal presupuestado del 2,6% del PIB.