24 de abril de 2025
ITACURUBÍ DEL ROSARIO. El suboficial de Policía, Óscar Javier Díaz, denunciado por la invasión de una propiedad privada de 20 hectáreas correspondiente a la finca Nº 82, situada en la compañía Yatebu de este distrito, se encuentra detenido por disposición del juez Penal de Garantías de San Estanislao, Francisco Varela. El uniformado ya tenía en su contra una imputación por rebeldía.
Esta mañana se sustanciará en Misiones el juicio por la supuesta invasión de un inmueble en la ciudad de Ayolas donde el diputado cartista Jatar Fernández construyó un establecimiento residencial. El abogado del propietario dio detalles del proceso y ratificó la acusación de su cliente de que el parlamentario entró a su propiedad “en forma violenta y clandestina”.
AYOLAS. Una comitiva judicial, encabezada por la jueza Nancy Lilian Larre Villalba, se constituyó en el inmueble situado a orillas del río Paraná, en el barrio San Rafael, y que supuestamente fue invadido por el diputado Jatar Fernández (ex Cruzada Nacional). En el lugar se edificó un establecimiento que fue denominado por el legislador como la “Guarida del General”.
HERNANDARIAS. El fiscal Víctor Adolfo Santander imputó y solicitó la rebeldía de tres supuestos líderes de la Federación Nacional Campesina por la invasión de un establecimiento agroganadero, ubicado en la colonia Toryvete de esta ciudad y administrado por la Senabico. La propiedad en cuestión pertenece a un ciudadano libanés investigado por terrorismo internacional.
Un agente de la Policía Nacional fue herido de bala este miércoles por parte de un grupo de supuestos indígenas que invaden una propiedad en Canindeyú. Personal policial realizaba el trabajo de acompañamiento para cultivo y fumigación en una estancia de la Colonia Anahí, distrito de Corpus Christi. En la zona hay constantes invasiones de tierra hasta hubo un caso de captura de tres policías que fueron obligados a carpir.
BOQUERÓN. Una pobladora de Agropil, ubicada en la ribera del río Pilcomayo, quien en su momento denunció la invasión y atropello de su propiedad de 5.000 hectáreas de parte de ocupantes ligados a la política, nuevamente apela a la justicia local, la cual no interviene en su caso. La ocupación amañada de su propiedad continúa de parte de nuevos invasores, quienes se adueñaron de varias hectáreas utilizando dudosos documentos.