17 de septiembre de 2025
Diputados cartistas, colorados “independientes” y liberocartistas ayer votaron por cajonear por 90 días los pedidos de intervenciones contra seis intendentes, entre ellos Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), jefe municipal de Tomás Romero Pereira y padre del acusado senador Hernán Rivas (ANR, HC). Rivas padre es investigado por la Fiscalía por supuestos millonarios desvíos. Colateralmente, se salvaron dos cartistas y tres intendentes opositores.
CIUDAD DEL ESTE. El intendente Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) convocó, a través de sus perfiles en redes sociales, a una nueva manifestación ciudadana, esta vez frente a la mansión del senador Javier Zacarías Irún y, de forma paralela, frente a la de la diputada Rocío Abed de Zacarías, líder de bancada de Honor Colorado. La idea es que la movilización coincida con la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se debatirá la posible intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.
La diputada Rocío Abed, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, detalló que los cartistas aún no definieron quiénes integrarían las comisiones especiales por la intervención de la Municipalidad de Asunción y la de Ciudad del Este. “La vaca se come a bifes”, sostuvo.
El pedido de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por parte de la Contraloría General de la República generó una fuerte crispación social y política. Por un lado, un sector busca a toda costa la remoción de los intendentes Óscar Rodríguez y Miguel Prieto, mientras que otros se oponen, afirmando que se trata de una jugada política para debilitar al segundo mencionado.
El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, defendió y justificó hoy sus solicitudes de intervención a las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este. “Jamás me voy a dejar presionar por nadie”, aseguró y también adelantó que irá al Congreso si es convocado.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo), respondió varios puntos del pedido de intervención de su gestión. Presentó un informe detallado y exhibió copias de documentos para justificar que no existen motivos para la medida que pretenden los congresistas cartistas.