15 de mayo de 2025
SAN PEDRO. El intento de trasladar la oficina regional del Indert de San Pedro de Ycuamandyyú a Santa Rosa del Aguaray generó una fuerte reacción ciudadana y una lluvia de críticas, principalmente en redes sociales, que obligó a las autoridades a dar marcha atrás en su decisión. Finalmente, confirmaron que la sede regional permanecerá en la capital departamental.
SAN PEDRO. Un inmueble en el distrito de Lima desata un gran conflicto social y jurídico. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Indert adjudicó a invasores tierra titulada, y los ocupantes se refugian en el documento oficial. El propietario compró en el 2008, unas 19 hectáreas. En el 2021 el mismo inmueble, fue adjudicado a 5 familias campesinas, según denuncia.
TAVA’I, Caazapá. Alumnos del Colegio Nacional del Asentamiento 7 de Diciembre de este distrito del departamento de Caazapá continúan dando clases en la intemperie, mientras sigue inconclusa y abandonada la construcción de un bloque de tres salas con financiamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). En enero de este año el constructor aseguró que la obra terminaría en marzo, pero no cumplió y los estudiantes sufren las consecuencias.
El funcionario del INDERT, Lic. Bernardo Sosa Kémal, defendió su trabajo y gestión al frente del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), dependiente del ente agrario, de donde fue destituido por supuestos malos manejos administrativos. En su reemplazo fue nombrado el Lic. Humberto González, conocido por ser seccionalero y no por su experiencia en el rubro.
Representantes de las familias campesinas de Marina Cue se reunieron hoy con autoridades del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para buscar hacer el trámite final del largo proceso de intercambio de tierras con el Mades, por lo que se conformó un nuevo grupo de trabajo, según se informó.
El extitular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Pastor Cárdenas Nunes presentó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de su condena a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el juicio oral, la fiscalía probó que el exalto funcionario no puede justificar un patrimonio de G. 4.113.282.879.