La novedad potencialmente más importante del presupuesto general que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso es la anunciada reducción sustancial del peso del gasto salarial sobre los ingresos tributarios, que, según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, será del 52% en 2025, frente al 70% de años anteriores. Decimos “potencialmente” porque ello se tiene que concretar en la aprobación del proyecto final y, sobre todo, en la práctica, pero si realmente el Gobierno consigue ese objetivo, ello será efectivamente un cambio estructural en la composición del gasto público y la administración de Santiago Peña se hará merecedora de todo el reconocimiento.
El nuevo titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué aseguró que por mas que haya participado de una cumbre internacional sobre economía, las propuestas que emitan miembros de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales (oenegés) no implican que Paraguay esté a favor. Sobre la institución que está a su cargo desde ahora, sostuvo que con el nuevo jefe aduanero la lucha al contrabando será reforzada, también con una nueva legislación.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea la Dirección de Ingresos Tributarios y debe establecer dentro de los 90 días de plazo su implementación y vigencia. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el viernes último la Ley Nº 7143 que “crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios” (DNIT), que se conforma a partir de la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados el 26 de junio, dos días después fue aprobado sin discusión por la aplanadora colorada y remitido a consideración de la Cámara de Senadores. La propuesta ingresó al Senado el 4 de julio y el 20 del mismo mes, a pesar de las críticas lanzadas en contra del proyecto por abogados tributaristas y legisladores de la oposición, también fue aprobada con celeridad. El proyecto de ley fue impulsado por el gobierno electo, de tal modo a contar con la nueva institución para el próximo martes 15, fecha en que asume sus funciones.
“A primera vista, nos parece una idea interesante pero, ahora que miramos con más detenimientos, desaparecen capítulos completos del Código Aduandero”, Julio Fernández, director de Aduanas.
De manera precipitada y sin la debida reflexión, promotores del Poder Ejecutivo que asumirá el gobierno el próximo 15 de agosto están avanzando en una ley para luego ir con otra legislación más que lamentablemente significarán más problemas que soluciones para el país.
En el segundo trimestre del año pasado, el sector público empleaba a 324.229 personas; en el segundo de este año, ya eran 411.588, de las cuales 66.388 habían sido incorporadas en los últimos tres meses, lapso en que el sector privado creó 26.806 puestos de trabajo. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan un alarmante crecimiento del personal público, seguramente estimulado por el calendario electoral. Si el Estado destina alrededor del 70% de los ingresos tributarios a los “servicios personales”, en detrimento de las inversiones de capital, el despropósito se irá agravando con la entrada de nuevos funcionarios y contratados.