La informalidad es un fenómeno profundamente arraigado en el mercado laboral de Paraguay y reducirla representa uno de los más importantes desafíos tanto para la economía como para la cohesión social del país.
El volumen de la economía en negro se incrementó de 45,9% a 47,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el último año, principalmente por el impacto del contrabando desde la Argentina. El monto que se movilizó en la informalidad y la ilegalidad orilló los US$ 23.595 millones en 2023.
En el Día del trabajador y tras la misa realizada en la Catedral Metropolitana de Asunción, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, aseguró que desde el Gobierno aunarán esfuerzos para fortalecer los controles y trabajar en la formalización del empleo, considerando que existe alrededor del 48% de informalidad laboral de trabajadores en relación de dependencia en el sector privado.
Ciudad del Este ha sido escenario de grandes asaltos y robos, como el de 2017, cuando asaltaron la firma Prosegur y se llevaron casi doce millones de dólares. A principios de este mes, otro grupo de malhechores se robó entre dieciocho y veinte millones de dólares, pertenecientes a trabajadores cambistas, y más recientemente, fueron robados unos 450 millones de guaraníes, en reales, pertenecientes a cambistas encarnacenos. Todo esto, independientemente de la inseguridad permanente que soportan pobladores y turistas. No resulta nada raro, entonces, que esta semana empresarios de la zona hayan solicitado auxilio al Gobierno ante la criminalidad desbordante. Es preciso liberar a esta ciudad de las garras del crimen, para lo cual será imprescindible que la Policía Nacional y los organismos de control sean purgados para que cumplan realmente con sus obligaciones.
La Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes) amentó que las instituciones públicas buscan mejorar su recaudación (Fuente 30) incrementando los precios de tasas y otros trámites, los cuales impactan directamente en los costos de las mipymes. El gremio planteó al Senado un proyecto de ley que permita más flexibilidad como estrategia para formalización.
El sector de la construcción si bien ocupa a un segmento importante de la población alrededor de 274.000 ciudadanos en el 2022 y es un gran dinamizador de la economía, sigue con una tasa muy elevada de ocupación informal, con el 82%, según datos del INE.