2 de septiembre de 2025
La Cámara Baja volverá a ocuparse hoy de un proyecto de ley de Protección General de los Datos Personales, presentado en 2021 por diez diputados, entre ellos el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. La iniciativa, con un propósito inicial aceptable, fue siendo cercenada por legisladores del cartismo y sus aliados, saboteando así la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental y la que obliga a informar sobre el uso de los recursos públicos en cuanto a salarios y otras retribuciones al servidor público. El Senado atenuó en algo la repudiable versión contraria a la transparencia, pero no lo suficiente como para evitar que el documento en estudio atente contra el derecho de los ciudadanos a conocer el uso dado a los fondos públicos. Para los legisladores que impulsan o apoyan la iniciativa, la ciudadanía es lo de menos; lo que les importa es cubrir con un manto legislativo el latrocinio sistemático.
El Senado esta tarde modificó y devolvió a la Cámara de Diputados el cuestionado proyecto de ley de protección de datos personales. La iniciativa fue desvirtuada de su objetivo original y usada por el cartismo para “matar” con burocracia la ley de acceso a la información pública, un logro ciudadano contra la corrupción y el nepotismo.
El abogado Ezequiel Santagada advirtió que un artículo incluido en el proyecto de ley de protección de datos personales, que será tratado esta semana por el Senado, podría impedir el acceso a la información de funcionarios públicos y servir como un manto para ocultar casos de nepotismo y otros hechos de corrupción.
La exsenadora Kattya González (PEN) presentó un urgimiento ante la Corte para que esta se expida sobre el amparo constitucional que presentó en el 2022 para acceder a información sobre contratos de asesoría externa en Itaipú. La entidad binacional había planteado una excepción de inconstitucionalidad, la cual se solicitó que sea analizada por el máximo tribunal.
El abogado Ezequiel Santagada expresó que la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción, no incluyó los contratos de bonos en su respuesta sobre la situación financiera de la Municipalidad. Indicó que esa es información pública y cuestionó las condiciones de endeudamiento que aceptó la comuna.
La sentencia que obliga a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) a entregar el detalle de la deuda financiera de la Municipalidad de Asunción está firme, luego de que su defensa no la apelara en el plazo legal. La radiografía del pasivo de la Comuna podría arrojar pistas sobre el destino final de G. 500.000 millones en bonos para obras, que fueron desviados.