Una ciudadanía informada es una condición necesaria para un futuro “sin dejar a nadie atrás”, basado en los principios democráticos y los derechos humanos. Nuestras sociedades no podrán gozar de una verdadera libertad si no cuentan con información adecuada acerca de la “cosa pública” para tomar decisiones -informadas- en todos los ámbitos, sean políticos, económicos, sociales o ambientales. La transparencia y el acceso a la información, en especial la información pública, son, por lo tanto, instrumentos centrales en un Estado de derecho.
El senador Rafael Filizzola (PDP) calificó como un “grave ataque a la transparencia” y al derecho del acceso a la información pública, por la decisión tomada este miércoles en el Senado. Se trata de un veto parcial del Presidente de la República a una ley. Finalmente los senadores no promulgaron la parte no objetada de la normativa.
La EBY evadió entregar a través de un pedido de acceso a la información copia de los contratos de alquiler vehículos en 2020, 2021, 2022, 2023 y vigente. La entidad se excusó diciendo que el pedido debe ser canalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, la Itaipú está en plena evaluación para el registro de precios para una futura contratación por un máximo de G. 16.475 millones, alrededor de US$ 2,1 millones.
Con la vigencia de la Ley 7257 “Que modifica los artículos 8° y 10°, y amplía la Ley N° 5282/2014 “De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental” el gobierno de Santiago Peña estará obligado a que las fuentes públicas se mantengan actualizadas y a disposición del público de forma constante en formato de datos abiertos y procesables.
Santiago Peña vetó el proyecto de ley sancionado por el Congreso que modifica dos artículos de la ley de “De Libre Acceso al Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. El Ejecutivo objeta el “inciso g” del artículo 10 por inconstitucional. Alega que violenta el derecho a la intimidad y colisiona con el secreto estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Santiago Peña vetó el proyecto de ley sancionado por el Congreso que modifica dos artículos de la ley de “De Libre Acceso al Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. El Ejecutivo objeta el “inciso g” del artículo 10 por inconstitucional. Alega que violenta el derecho a la intimidad y colisiona con el secreto estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).