21 de febrero de 2026
Si hay algo que quienes administran la cosa pública no quieren entender, es más, les molesta, es que la administración de lo público exige transparencia y rendición de cuentas. La Constitución y las leyes imponen la obligación de transparencia, porque los fondos públicos, algo que les pasa por la tangente en particular a este gobierno, pertenecen a todos. Esquivar respuestas frente a cuestionamientos legítimos es una negación de ese deber.


La Cámara de Diputados definirá en su sesión de mañana si ratifica su versión de la ley de protección de datos personales cuyo trasfondo es matar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro punto, por ahora no se analizarán los blanqueos a intendentes cartistas.

La diputada Rocío Vallejo calificó como “súper rara” la decisión de última hora del cartismo de postergar ayer el tratamiento del cuestionado proyecto de ley de Protección de Datos Personales, que podría servir para ocultar hechos de nepotismo y otros casos de corrupción en la función pública. Existía consenso para aprobar una versión “menos gravosa” del proyecto, dijo.
Tras el prolongado debate por la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yocreo), la mayoría cartista en la Cámara de Diputados resolvió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que en realidad “asesina” la Protección de Datos Personales. En su artículo N° 24 bloquea la Ley de Acceso a la información pública de los funcionarios.

El diputado Daniel Centurión (Fuerza Republicana) señaló que en bancada decidieron apoyar a la versión del Senado respecto al proyecto de protección de datos personales. Consideró que es la que “menos daño hace” a la accesibilidad pública y que esperan que al final el presidente Santiago Peña vete la ley.

La aplanadora cartista de la Cámara de Diputados, con una marcada celeridad incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana el cuestionado proyecto de ley de “protección de datos personales”, en el punto tres. La iniciativa, que fue aprobada con modificaciones en el Senado la semana pasada, pone trabas a la ley de Acceso a la Información Pública.