CONCEPCIÓN. El fiscal de la unidad especializada del medioambiente de Concepción, Carlomagno Alvarenga, ordenó la suspensión de la descarga de coque de petróleo (petcoke) de INC en zona urbana. La denuncia la realizaron pobladores del distrito de San Lázaro, Concepción.
Gerardo Guerrero, presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), aseguró que podrán mantener la producción pese a la bajante crítica e histórica del río Paraguay.
El presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero Agusti, informó hoy que actualmente la estatal pierde G. 4.693 millones y agregó que en los primeros ocho meses del 2023 la pérdida rondaba G. 65.000 millones. Señaló que es “un empate técnico” y “punto de equilibrio” para proyectar una “autonomía de producción” en los próximos años.
La Industria Nacional del Cemento (INC), dirigida hoy por Gerardo Guerrero Agusti, gastará casi 8.000 millones de guaraníes en la reparación del molino N° 1 de su planta de Villeta, que dejó de operar en junio tras haber sido el más eficiente. Para peor, el N° 2, comprado de la firma Engineering, tendría problemas técnicos que impiden un funcionamiento continuo, según trabajadores de la deficitaria empresa estatal, a la que en 2014 el Gobierno de Horacio Cartes “prestó” 80 millones de dólares provenientes de emisión de bonos, que hasta hoy no han sido recuperados, pese a que la amortización debía empezar en 2020 para concluir treinta años más tarde. Otros hechos similares incluyen el historial de esta empresa estatal. Ya es hora de acabar con esta sanguijuela que chupa la sangre de los contribuyentes.
La INC está por adjudicar una licitación de “servicio de consultoría individual técnica en gerenciamiento de proyectos”, a la que se presentó solo el consultor colombiano Alexander González Pinzón, quien ya tuvo un gran protagonismo en la fallida inversión de US$ 80 millones provenientes de los bonos soberanos en la cementera estatal durante el Gobierno de Horacio Cartes.
Las deficitarias compañías del estado siguen siendo cuestionadas por su mala administración y las millonarias pérdidas que registran. Pese a ello, siguen siendo manejadas con el criterio de cuoteo político y el caso Petropar-Lafarja fue el que sacudió el Gobierno de Santiago Peña, a solo dos meses de asumir.