25 de noviembre de 2025

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, mintió al certificar la ocupación y mejoras en un lote fiscal de 2,7 hectáreas en zona del Corredor Bioceánico para beneficiar a Alba Marlene Rodríguez Escobar. Así lo evidencia un documento de la Seam (hoy Mades) en el cual se detalla que la adjudicada dentro de la reforma agraria en realidad es dueña de un amarradero y serenaje de barcazas en otro lote del ente agrario, pero en Paso de Patria (Ñeembucú). Rodríguez Escobar también aparece como vendedora de un terreno a una firma donde uno de los accionistas es el ministro de Industria, Javier Giménez. Senadores presentaron ayer el pedido de interpelación.



Tras nuevas denuncias por presuntas adjudicaciones irregulares de tierras cerca del futuro puente del Corredor Bioceánico, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, rechazó las acusaciones y las atribuyó a un supuesto “esquema del sector privado” que vinculó a autoridades anteriores.

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, regaló un tercer terreno fiscal en las cercanías del futuro puente del Corredor Bioceánico. Se trata de un inmueble de dos hectáreas sobre el río Paraguay y adyacente al predio entregado al empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal. Como beneficiada del lote aparece Alba Marlene Rodríguez Escobar, madre de Marlene Araceli Oviedo Rodríguez, la joven de 24 años a la que el mismo Ruiz Díaz le adjudicó otro predio en la zona de 60 hectáreas pretendido por la ANNP. El tercer terreno entregado fue solicitado por la Municipalidad de Carmelo Peralta e inicialmente también por Aduanas (hoy parte de la DNIT).

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el senador independiente Eduardo Nakayama comentó que un pedido de interpelación al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ante un escándalo de supuesta venta irregular de tierras del Estado en el Chaco sería tratado en la mesa directiva del Senado la próxima semana.

La polémica por la venta de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en la zona estratégica del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta, generó la reacción de senadores opositores y oficialistas. Denunciaron una operación “irrisoria”, “criminal” y “peor que el escándalo de la finca 916”, y exigen la interpelación del titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, además de la presentación de un proyecto de expropiación para devolver las tierras al Estado. Señalaron que Ruiz Díaz debe terminar en la cárcel como los otros expresidentes de la institución rural.

Alertan que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) atraviesa una “situación sumamente preocupante” debido a la concentración de decisiones y a la falta de funcionamiento efectivo de la Junta Asesora y de Control de Gestión.