6 de agosto de 2025
Dos sindicatos de trabajadores de la Municipalidad de Encarnación presentaron una acción de inconstitucionalidad de la Ley 7445 de la Función Pública y Servicio Civil. Además, solicitaron una medida cautelar para evitar que los funcionarios sean afectados por la ley, hasta que se resuelva la acción.
La destitución de Kattya González del Senado fue a todas luces arbitraria y ampliamente percibida por la ciudadanía como una grosera vendetta personal de poderes fácticos que dan órdenes superiores entre abundantes rondas de whisky. Si cabía alguna duda desde lo legal, el propio Ministerio Público dictaminó ante la Corte Suprema a favor de la inconstitucionalidad del procedimiento. Y si todo eso fuera poco, la Justicia acaba de desestimar las burdas denuncias que sirvieron de excusa para toda la maniobra, lo que deja a los perpetradores en una disyuntiva: o respetan las instituciones de la República y enmiendan el atropello, o muestran a propios y extraños que en Paraguay no rigen el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica, sino la voluntad de un “patrón” con una cohorte de cepilleros a sueldo.
La fiscala Fátima Villasboa planteó una acción de inconstitucionalidad contra una resolución de un Tribunal de Apelación Penal Adolescente, por falta de fundamentación y arbitrariedad. Los camaristas no admitieron la apelación presentada por la agente contra el fallo del juez de garantías Raúl Florentín, quien dio permiso para trabajar a Juan Villalba, acusado por violencia familiar.
La fiscala Adjunta Lourdes Samaniego pidió a la Sala Constitucional de la Corte, interrumpir el plazo para dar su dictamen sobre la acción de inconstitucionalidad, planteada por Enrique Kronawetter, contra el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se designó a Alicia Pucheta como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en lugar de él.
Con una celeridad impuesta por el oficialismo, a pedido del Ejecutivo, ya mañana se buscará sancionar, en sesión de Diputados, el proyecto de ley que dará “superpoderes” al presidente Santiago Peña para la emisión de bonos por US$ 600 millones para el pago de deuda, puenteando al Congreso.
El último día hábil antes del inicio del juicio oral y público que debe enfrentar Efraín Alegre por el caso de las supuestas facturas fraguadas, la Sala Constitucional de la Corte solicitó el expediente principal, con lo que se frustrará el inicio de la audiencia.