11 de noviembre de 2025

El abogado Robert Marcial González, representante legal de la exsenadora Kattya González, criticó la demora de la Corte Suprema de Justicia en resolver la acción de inconstitucionalidad presentada el año pasado. Afirmó que la falta de respuesta oportuna demuestra un Poder Judicial sometido a intereses políticos.




La Junta Municipal de Ñemby sesionó esta mañana de manera extraordinaria para analizar la nueva Ley N° 7447/25, que regula las tarifas para la expedición de habilitaciones de rodados. Los ediles aprobaron una solicitud al Ejecutivo municipal para que presente una acción de inconstitucionalidad contra la referida normativa. Los legisladores calificaron de excesivos los montos, los cuales atentan contra la ciudadanía. Este distrito cuenta con una ordenanza que estipula las sumas a pagar.

La Corte Suprema de Justicia admitió, después de dos años, el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el exgobernador Óscar “Ñoño” Ñúñez, con lo que se abre la posibilidad de que el hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi “Núñez, logre anular su condena de 11 años de cárcel.

El abogado Robert Marcial González, representante legal de Kattya González, apuntó que “la pelota está en la cancha de la Corte” en referencia al caso de la exsenadora y la acción de inconstitucionalidad promovida tras su expulsión. A criterio del profesional, incluso “cada día se torna más fácil” el caso para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La destitución de Kattya González del Senado fue a todas luces arbitraria y ampliamente percibida por la ciudadanía como una grosera vendetta personal de poderes fácticos que dan órdenes superiores entre abundantes rondas de whisky. Si cabía alguna duda desde lo legal, el propio Ministerio Público dictaminó ante la Corte Suprema a favor de la inconstitucionalidad del procedimiento. Y si todo eso fuera poco, la Justicia acaba de desestimar las burdas denuncias que sirvieron de excusa para toda la maniobra, lo que deja a los perpetradores en una disyuntiva: o respetan las instituciones de la República y enmiendan el atropello, o muestran a propios y extraños que en Paraguay no rigen el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica, sino la voluntad de un “patrón” con una cohorte de cepilleros a sueldo.

La fiscala Fátima Villasboa planteó una acción de inconstitucionalidad contra una resolución de un Tribunal de Apelación Penal Adolescente, por falta de fundamentación y arbitrariedad. Los camaristas no admitieron la apelación presentada por la agente contra el fallo del juez de garantías Raúl Florentín, quien dio permiso para trabajar a Juan Villalba, acusado por violencia familiar.