6 de diciembre de 2025

El Senado aprobó el jueves último un presupuesto que aumenta en 13,3% los recursos destinados a las empresas públicas ANDE, Petropar e INC, pese a que arrastran pérdidas millonarias. La decisión reavivó los cuestionamientos por la ineficiencia y el déficit que afectan a estas y a otras estatales que operan como sociedades anónimas —como Copaco, Capasa y Fepasa— y que no se rigen por la Ley de Presupuesto. Los senadores acusaron al presidente Santiago Peña de no tomar medidas frente a la crítica situación de estas compañías.



En medio de denuncias debido a las constantes paradas de su horno de clínker, la INC difundió este jueves un video institucional en el que asegura que opera en un 100%. Mientras tanto, su titular evita dar explicaciones a la ciudadanía.

El horno de clínker de la INC registró nuevamente un paro por fallas técnicas, lo que afecta la producción del vital insumo para la fabricación de cemento. A pesar de las millonarias inversiones, la estatal enfrenta serios problemas operativos y sigue comprando clínker a otras firmas. El presidente de la empresa pública se niega a brindar explicaciones.

La empresa IMER S.R.L., representada por Jorge Sebastián Riera Prim, proveedora de la INC de materiales refractarios para el horno de clínker de Vallemí —que aparentemente fallaron a pocas semanas de su mantenimiento anual— respondió ayer a los cuestionamientos y afirmó que se hará cargo si realmente se comprueba que hubo problemas con los insumos provistos.

Pese a anunciar la reactivación de su horno de clínker en Vallemí, la INC sigue sin explicar las causas del paro técnico que dejó fuera de servicio la planta durante ocho días, apenas semanas después de un costoso mantenimiento. La opacidad se extiende también al balance financiero del 2024, que el titular de la estatal se niega a divulgar.

La INC atraviesa una grave crisis operativa, con su horno de clínker paralizado, aparentemente tras un fallido mantenimiento. Trabajadores responsabilizan al consultor colombiano Alexander González Pinzón, contratado por casi G. 1.000 millones. El experto tuvo un rol clave en la cuestionada inversión de bonos en la cementera durante el Gobierno de Cartes y ahora regresó con fuerza a la estatal.