10 de agosto de 2025
Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Capitán Bado realizaron dos procedimientos, encabezados por la fiscal Sarita Bonzi, en el citado distrito. Durante los operativos, lograron la detención de una pareja, además de la incautación de dos armas de fuego y dos vehículos de dudosa procedencia. Los cónyuges están imputados y las armas serán sometidas a pericia, anunciaron desde el Ministerio Público.
Dos policías, uno antiguo y otro de la camada exprés, fueron encarcelados en la Agrupación Especializada tras ser imputados por el robo y la venta de una motocicleta que supuestamente “encontraron abandonada” frente a la casa de su dueño en Mariano Roque Alonso. Los agentes intentaron encubrir el hecho falsificando un documento en una escribanía que también está bajo investigación.
El fiscal Alcides Giménez explicó cuáles fueron los roles de los funcionarios recientemente imputados por su presunta complicidad en la fuga de ocho internos del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. Por su parte, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, rechazó que dicha fuga se deba a la falta de recursos que denunció el exdirector del penal, Julio Careaga, aunque reconoció que se deben proveer más insumos y contratar más personal en la institución.
La Fiscalía imputó esta noche a cinco guardiacárceles que habrían facilitado el escandaloso escape al dejar abiertas las celdas de los reos y despejado la zona por done finalmente salieron. Se requirió para ellos la medida cautelar de prisión preventiva.
La “mafia de los pagarés” es un esquema delictivo que involucra a funcionarios judiciales y abogados, quienes falsificaban notificaciones de demandas para embargar salarios de personas de bajos recursos sin su conocimiento. La investigación, iniciada en diciembre de 2024, ha resultado en 63 imputados hasta marzo de este año.
De entre los 63 imputados en el caso “mafia de los pgarés”, hay algunos que están estrechamente ligados a políticos, también a ex ministros y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esta causa penal la Fiscalía indaga una presunta estructura integrada por jueces, actuarios, ujieres y abogados, para promover juicios con documentos presuntamente falsos.