26 de agosto de 2025
PARAGUARÍ. A dos años del gobierno del presidente Santiago Peña, el abigeato sigue azotando al departamento de Paraguarí. Pese a planes pilotos, brigadas especializadas, auditorías judiciales y reuniones entre autoridades de todos los niveles, el flagelo no solo persiste, sino que gana terreno. Esta situación afecta gravemente a la producción ganadera y evidencia una preocupante impunidad.
El proceso penal por la compra innecesaria de medicamentos para pacientes con cáncer que causó un perjuicio de poco más de G. 4.100 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social quedó impune debido a la prescripción de la causa. Los acusados por el millonario daño patrimonial fueron blanqueados gracias a las numerosas chicanas que plantearon sus defensas, además de la desidia de fiscales y jueces.
Tras la reunión de un grupo de parlamentarios con representantes del Gobierno de Estados Unidos, la senadora Kattya González manifestó que lo más preocupante dentro del marco de la desactivación de la corrupción son el esquema carcelario y el sistema judicial.
Un fenómeno que de un tiempo a esta parte mantiene al país en jaque permanente es el aumento de la criminalidad. La inseguridad se extiende como una epidemia incontrolable, traducida en robos, asaltos, secuestros, violencia doméstica, siniestros viales, sicariato, que a menudo terminan en impunidad.
SALTOS DEL GUAIRÁ. Un Tribunal de Sentencia de esta ciudad confirmó la impunidad en el caso de las 20 toneladas de marihuana del año 2016 al absolver al único procesado como presunto dueño de la carga. Los jueces se basaron en la retractación de los policías que intervinieron en el comiso de aquella carga. Negaron ante el tribunal conocer al acusado, a quien en principio ellos mismos habían involucrado.
En su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, el Departamento de Estado norteamericano tachó de “endémica” la impunidad de quienes en el Paraguay ocupan importantes cargos públicos, pese a las numerosas denuncias periodísticas de malversación, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal. Con lo publicado en la prensa y denuncias de importantes instituciones que no fueron atendidas, basta y sobra para que Sandra Quiñónez sea investigada de oficio por el Ministerio Público. Sería lo deseable, para empezar a lavar el rostro de la República, enlodado por la corrupción y la impunidad que la caracterizan ante el mundo.