8 de abril de 2025
La Cámara de Senadores analiza mañana un peligroso proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal y que podría dejar impunes casos emblemáticos como el del exfiscal Marcelo Pecci así como casos de crimen organizado, corrupción pública, violaciones y feminicidios. La comisión de Legislación dictaminó rechazar por unanimidad la normativa.
SALTOS DEL GUAIRÁ. Un Tribunal de Sentencia de esta ciudad confirmó la impunidad en el caso de las 20 toneladas de marihuana del año 2016 al absolver al único procesado como presunto dueño de la carga. Los jueces se basaron en la retractación de los policías que intervinieron en el comiso de aquella carga. Negaron ante el tribunal conocer al acusado, a quien en principio ellos mismos habían involucrado.
En su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, el Departamento de Estado norteamericano tachó de “endémica” la impunidad de quienes en el Paraguay ocupan importantes cargos públicos, pese a las numerosas denuncias periodísticas de malversación, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal. Con lo publicado en la prensa y denuncias de importantes instituciones que no fueron atendidas, basta y sobra para que Sandra Quiñónez sea investigada de oficio por el Ministerio Público. Sería lo deseable, para empezar a lavar el rostro de la República, enlodado por la corrupción y la impunidad que la caracterizan ante el mundo.
Representantes de varias coordinadoras dedicadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad convocaron para las 08:00 de la mañana de este lunes la realización de una manifestación frente al Palacio de Justicia de Asunción, en el barrio Sajonia, para exigir que se cumpla sin demora la pena de cárcel dictada contra Ramón González Daher (RGD) y su hijo Fernando González Karjallo por los delitos de usura, lavado de dinero y denuncia falsa en los que fueron hallados culpables. La mayor preocupación es que puedan ejercer su influencia evadir la condena y huir del país, expresan.
El Poder Ejecutivo promulgó el proyecto de ley que evita que los procesos judiciales concluyan en tres años. Esto confirmó el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.