La Cámara de Diputados trataría hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) que favorece la impunidad, sobre todo la de los mafiosos y la de los ladrones de fondos públicos, en la medida en que su versión original reduce de cuatro a tres años la duración máxima de un proceso penal de acción pública y fija un tiempo de treinta días, a lo sumo, para que la Fiscalía impute o desestime una denuncia, mientras la norma vigente no establece plazo alguno. Es llamativo que iniciativas como esta aparezcan en el Paraguay, país que con frecuencia figura en los peores lugares en las encuestas internacionales sobre corrupción, cuando lo que se necesita son más bien medidas firmes que favorezcan la investigación y la condena de los delincuentes.
En su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, el Departamento de Estado norteamericano tachó de “endémica” la impunidad de quienes en el Paraguay ocupan importantes cargos públicos, pese a las numerosas denuncias periodísticas de malversación, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal. Con lo publicado en la prensa y denuncias de importantes instituciones que no fueron atendidas, basta y sobra para que Sandra Quiñónez sea investigada de oficio por el Ministerio Público. Sería lo deseable, para empezar a lavar el rostro de la República, enlodado por la corrupción y la impunidad que la caracterizan ante el mundo.
Representantes de varias coordinadoras dedicadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad convocaron para las 08:00 de la mañana de este lunes la realización de una manifestación frente al Palacio de Justicia de Asunción, en el barrio Sajonia, para exigir que se cumpla sin demora la pena de cárcel dictada contra Ramón González Daher (RGD) y su hijo Fernando González Karjallo por los delitos de usura, lavado de dinero y denuncia falsa en los que fueron hallados culpables. La mayor preocupación es que puedan ejercer su influencia evadir la condena y huir del país, expresan.
El Poder Ejecutivo promulgó el proyecto de ley que evita que los procesos judiciales concluyan en tres años. Esto confirmó el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.