El domingo 17 de este mes venció el plazo para la reglamentación de la ley de Tragamonedas, normativa que surgió en el Congreso con la intención de frenar el plan del Ejecutivo de “regularizar” esas máquinas hasta en los sitios de libre acceso. El hecho evidencia el nulo interés del Ejecutivo en proteger a niños y adolescentes de la adicción a las apuestas (ludopatía).
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) cuestionó la ley de tragamonedas que sancionó el Legislativo, que prohíbe el uso de estas máquinas en sitios de libre concurrencia. Alega que ya está previsto en la normativa vigente, sin embargo mantiene su plan de “regularización” de las unidades en esos lugares, violando su propio argumento de objeción.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informó que existen 23 mil tragamonedas censadas por iCrop SA, la “reguladora” de las citadas máquinas en sitios prohibidos. No precisó cuántas pagan el canon, aunque reconoce que en días más este plan quedaría nulo en caso de promulgarse una reciente ley sancionada.
El Senado incluyó en el Orden del Día de la sesión ordinaria de este jueves, el proyecto de ley que regula el uso de tragamonedas, propuesta que prohíbe el uso de las máquinas en sitios no exclusivos de juegos de azar.
El juez Humberto Otazú, especializado en Delitos Económicos, desarrolló ayer las audiencias para conocer los argumentos del pedido de nulidad de la imputación de los ocho procesados por irregularidades en la Comisión Nacional de Juegos den Azar (Conajzar).
La Conajzar mantiene vigentes los contratos de “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos y la concesión de la quiniela a una firma morosa, iCrop SA y TDP SA, según las denuncias e imputación fiscal.