3 de febrero de 2026

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ratificó la prisión preventiva de un funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), procesado tras la incautación de un cargamento de 22 kilos de oro que tenía como destino Panamá. El magistrado tomó en cuenta su condición de funcionario público para rechazar el pedido de la defensa.

Un tribunal de alzada, conformado por los jueces Pablino Escobar Garay, Arnulfo Arias Maldonado y Silvana Raquel Lusvardi Sarubbi, rechazó la recusación presentada contra el juez Humberto Otazú en el marco de un proceso penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados. La recusación había sido planteada por uno de los coprocesados en la causa conocida como caso “Tía Chela”.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, la audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo) y otros 10 acusados por presunta lesión de confianza y asociación criminal.

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú fijó para los días 17, 18 y 19 de septiembre, a las 08:00, una nueva fecha para intentar realizar la audiencia preliminar para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego y otros acusados por hechos de corrupción pública.
El “parapsicólogo” Diego Parra y la funcionaria de una financiera Milca Elizabeth López González afrontarán juicio oral y público por supuestamente haber conformado un esquema del estafa mediante el uso de tarjeta de crédito de un tercero, por un monto total de G. 1.774.042.269, entre los años 2022 y 2024. La otra procesada en la causa Karina Acosta, esposa del tarotista, quien tiene pedido sobreseimiento provisional para continuar la investigación.

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos rechazó la chicana planteada por el ex secretario municipal Ramón Vargas, quien está acusado en el marco de la causa Esteban Samaniego sobre enriquecimiento ilícito. Se investiga una presunta tragada de G. 1.109 millones cuando el ahora parlamentario cartista fungía de intendente de Quyquyhó.