20 de octubre de 2025
La Fiscalía apeló la resolución del juez Miguel Palacios, que sobreseyó definitivamente al senador Hernán Rivas en la causa por el supuesto uso y producción de documentos falsos. Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero afirman que el magistrado cometió un “error de juicio” al aplicar la prescripción de forma equivocada, tomando como base los títulos universitarios y no los actos públicos que derivaron de ellos.
Al inicio de la audiencia preliminar al senador Hernán David Rivas Román (ANR - cartista), acusado de tener un título falso de abogado y haber utilizado el documento para ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); la defensa planteó varios incidentes, entre ellos la prescripción de una parte de la causa. La Fiscalía se ratificó en que el legislador debe ir a juicio oral y el juzgado postergó su decisión hasta este viernes, 10 de octubre.
En otro alarde de bravuconería, el diputado cartista Rodrigo Gamarra expuso en sus redes sociales cuatro supuestos títulos de los casi 15 que afirmó tener previamente. Al menos uno de ellos presenta serios indicios de ser falso al consignar incluso un burdo error en el nombre de la institución educativa internacional. Lo que antes parecía el caso de títulos múltiples como el de Carlos Portillo, ahora pareciera acercase más al del presunto título falso del cartista Hernán Rivas.
El juez Miguel Ángel Palacios pospuso para el 6 de octubre la audiencia preliminar al senador (ANR-HC) Hernán David Rivas Román, a pedido de la defensa del mismo. El legislador fue acusado por hechos que guardan relación a la presunta falsificación de documentos públicos para la obtención de su título de abogado con el que posteriormente pudo ingresar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y hasta presidirlo.
En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para crear una nueva universidad en el interior del país, mientras se sigue debatiendo el caso del senador Hernán Rivas (ANR-HC) por supuesto título mau de abogado y el negocio de los títulos que otorgan las universidades privadas.
La falta de idoneidad para un cargo público puede exteriorizarse de diversas formas, enfermedades mentales o físicas, la falta de lo que en la antigua Roma se llamaba la existimatio u honor civil –buena reputación–, o la comisión de delitos. Es que la protección del interés público y el bien común es un principio fundamental y esto por cuanto que la vigencia del Estado de derecho exige que nadie ejerza funciones públicas sin cumplir los requisitos legales. No puede ser ministro de Salud el carnicero del barrio.