7 de enero de 2026
Se observa una gran variedad de nociones técnicas que debemos incorporar al sentido gnoseológico, siguiendo la nomenclatura del sector internacional que advierte una nueva secuencia del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con especial alusión a los activos virtuales. Es que nos estamos adentrando a la nueva era, donde los activos se manejan remotamente y con ello surge el indudable debate sobre el uso efectivo de los activos virtuales, así como aquello relacionado al criptolavado que se potencia desde los diversos sistemas comerciales online, que, a su vez, se relaciona con servicios ilícitos dentro de la Dark web o Darknet.

Resulta loable matizar que el sistema internacional se ha enfocado en los nuevos parámetros financieros, tal como se percibe a partir de lo expresado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) bajo la denominación “Recomendaciones”, y en vista a que en el año (2018) dispuso la “ampliación” de la (Recomendación 15) a los efectos de corresponder a la identificación de los activos virtuales.

El diputado cartista Yamil Esgaib y el abogado -entre otros- del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Óscar Tuma, realizaron una “mesa de trabajo” pero totalmente afín (sin críticos) para avanzar con el proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20 de la Constitución Nacional”. Intención es cambiar el paquete de leyes recomendadas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para no entrar en la lista gris de países fértiles para el lavado de dinero, y que permitió alcanzar el “grado de inversión”.

La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Contrataciones Públicas no figuran licitaciones de estas dos entidades públicas, que ahora deberán explicar vínculos con la desprolija organización del ente antilavado.

El secretismo de Seprelad sobre el origen y la trazabilidad de los fondos usados para realizar el quincuagésimo pleno internacional antilavado mancha en forma indirecta a Gafilat, señaló el abogado Ezequiel Santagada. Adelantó que recurrirá a la Justicia para conseguir los datos públicos que Seprelad se empeña en ocultar.

Una respuesta incompleta y burda remitió ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), organismo que está a cargo de Liliana Alcaraz, al pedido de acceso de información pública para que dé a conocer los detalles de la financiación de la última reunión plenaria de Gafilat en Paraguay. Así, la entidad que debe prevenir el lavado de dinero se empecina en esconder a sus “sponsors” y somete a un escandaloso bochorno a los participantes del encuentro internacional.