14 de marzo de 2026
El próximo miércoles, los docentes agremiados volverán a movilizarse a nivel nacional contra la reforma de la arruinada Caja Fiscal, pues temen que ese día el Senado apruebe en una sesión extraordinaria lo resuelto por la Cámara de Diputados con relación, entre otras cosas, a las edades mínimas para jubilarse. Sus líderes sindicales anunciaron que es probable que desde el Lunes de Pascua se declaren en huelga, incluso con cierre de rutas. Así como están las cosas, el presente está cubierto de negros nubarrones que se ciernen sobre los educandos, con frecuencia tomados de rehenes por cuestiones ajenas a sus intereses. Las lecciones de hecho que están impartiendo los docentes son absolutamente repudiables. Los alumnos deberían quedar al margen de cualquier reclamo de los docentes y, peor aún, no ser manipulados haciéndoles escuchar una sola campana.

A horas de la firma del acuerdo Unión Europea (UE)–Mercosur, los gremios productivos paraguayos coincidieron en que el entendimiento representa una oportunidad para ampliar mercados, atraer inversiones y avanzar en la industrialización, aunque advierten que el verdadero desafío estará en la implementación para que los beneficios se traduzcan en mejores condiciones para el productor y el sector exportador.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteran que los retiros tempranos afectan la sostenibilidad de la Caja Fiscal, por lo que consideran necesario unificar la edad mínima para la jubilación a los 57 años como figura en el proyecto, pese al rechazo de los gremios de las Fuerzas Públicas y docentes.

Los gremios productivos señalan que la creciente amenaza de invasión a la propiedad privada no responde a reivindicaciones legítimas, sino a intereses políticos en un año electoral. Piden coordinación entre las autoridades para proteger la producción y garantizar el cumplimiento de la ley.

Los principales gremios del país alertaron sobre intentos de invasión en San Pedro y exigen respuestas firmes de protección de la propiedad privada, así como seguridad jurídica. Reclaman a todas las instituciones del Estado una acción rápida y coordinada.

Gremios empresariales locales e internacionales manifestaron su preocupación y rechazo por la arbitraria y desproporcional disposición del gobierno de suspender temporalmente los más de 250 locales de Biggie. Desde distintos sectores, empresarios coinciden en un pedido unánime “Respetar el libre mercado y la seguridad jurídica.