28 de marzo de 2026
A partir del inicio del actual Gobierno (agosto 2023), la evolución de la remuneración a los empleados de la Administración Central del Estado muestra una trayectoria que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad frente a los ingresos tributarios que la financian.

PILAR. Pobladores de Costa Pucú, Valle Apu’a, Islerías, San Roque y Medina se manifestaron sobre el puente de “Paso Alambre” para denunciar las graves pérdidas provocadas por la inundación. Acusaron al Gobierno Nacional de abandonarlos, de realizar una mala planificación de las obras y de aplicar “criterio político” al momento de repartir ayuda social.

El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lanzó este miércoles el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2050. Según el ministro Carlos Fernández Valdovinos, representa la hoja de ruta que marcará el rumbo del país hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de futuro.
Aunque sea una perogrullada, no está de más subrayar que la democracia requiere de organizaciones políticas fuertes, dotadas de un ideario-programa que esboce lo que harían desde el Gobierno. Así como están las cosas en este país, beneficiado por su simbiosis con el Estado, el único partido más o menos sólido, pese a sus conflictos internos, es el que impera desde el 13 de enero de 1947, con el breve paréntesis de 2008-2013. De hecho, el tradicional bipartidismo paraguayo está en vías de extinción, considerando la marcada decadencia que, en más de un sentido, arrastra el PLRA desde hace ya mucho tiempo. Muchos de sus dirigentes nacionales no descuellan por sus luces ni por su honestidad, dos atributos que distinguieron a sus próceres de otrora. El común de sus 31 congresistas de hoy está muy lejos de representar al pueblo con altura, en tanto que ninguno de sus dos gobernadores y ochenta intendentes descuella por su gestión gubernativa.
Más allá de los sucesivos Gobiernos, hay cuestiones de interés público que se repiten una y otra vez en el tiempo, como si fueran insolubles. No se toman medidas de fondo para evitar que con suma frecuencia se formulen los mismos reclamos por parte de los afectados por la acción o, sobre todo, la omisión de los organismos estatales competentes. Los nuevos jerarcas que llegan obran o se cruzan de brazos como si tuvieran que enfrentar situaciones novedosas, sobre las que no hay suficientes experiencias acumuladas que sirvan al menos para atenuar la gravedad de ciertas problemáticas sociales. Así, se repiten los problemas relacionados con los indígenas, con los cañicultores, con el transporte público de pasajeros, o con los productores de tomates y cebollas, sin que un Estado ineficiente, gordo y pesado atine a darles solución.

El gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) optó por presentar ante el Congreso un nuevo paquete de ley y por seguir postergando la reforma de Caja Fiscal, considerada como prioritaria para el país por analistas económicos, calificadoras de riesgo y organismos financieros internacionales.