En los prolegómenos de la última Convención Nacional Constituyente se habló bastante de la descentralización, esto es, de la transferencia de funciones político-administrativas desde el “centro” hacia las “periferias” departamental y municipal. Se entiende que así haya sido, pues bajo la dictadura todo se decidía, al fin y al cabo, en el Palacio de López, incluso con un sustento constitucional: el presidente de la República designaba, por sí y ante así, a los delegados de Gobierno departamentales y a los intendentes municipales, cuyas respectivas atribuciones eran muy limitadas. Básicamente, los delegados se ocupaban del orden público, pues no existía una Policía Nacional; por lo demás, la discrecionalidad de Alfredo Stroessner en esta cuestión hizo que un allegado suyo, por así decirlo, ejerciera el cargo en los departamentos de Guairá y Caazapá, en forma simultánea.
La Cámara de Diputados prevé analizar hoy, en sesión ordinaria, al menos seis proyectos de ley que “desangrarían” aún más el vigente Presupuesto de Gastos de la Nación. Destacan entre ellos millonarias ampliaciones a gobernaciones y entes cuestionados.
En el orden del día de la sesión ordinaria convocada para mañana en Cámara de Diputados fue incluido el estudio de varios proyectos que pretenden golpear fuertemente el presupuesto de este año, que ya de por si está agonizante. En total se analizarán ampliaciones y habilitación de deuda (bonos) por un total de US$ 46 millones (G. 340.947 millones).
Colorados, liberales y no afiliados inscriptos en el padrón nacional podrán elegir a candidatos a gobernadores de la Concertación, menos en Boquerón, en las internas del 18 de diciembre.
El Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) reveló numerosas irregularidades en varias instituciones públicas del gobierno central, además de Gobernaciones y Municipalidades. El Ministerio de Salud Pública no ejecutó fondos que debían ser destinados para la atención de pacientes con cáncer. La Defensoría del Pueblo sufrió millonarias pérdidas de activos y patrimonio total en apenas un año y no es capaz de cubrir siquiera sus gastos operacionales con los ingresos propios que genera. El contralor volvió a advertir sobre las irregularidades cometidas en la utilización del fondo de emergencia sanitaria. Varios casos fueron a Fiscalía.
Los gobiernos departamentales y municipales recibieron entre enero y julio recursos por un total de G. 1,18 billones (US$ 168,7 millones), según un informe que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda en base a datos de la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF).