gastos sociales

En su reciente edulcorante rendición de cuentas al Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña se mostró orgulloso de la Constitución vigente por habernos “permitido tres décadas ininterrumpidas de convivencia pacífica y armoniosa, a pesar de nuestras diferencias”. Tanta importancia le dio a la Constitución que dijo que la semana pasada envió al Congreso un proyecto de ley que declara cada 20 de junio feriado nacional, en conmemoración del día de la jura de nuestra actual Carta Magna en 1992. En verdad, el patriotismo al que alude el Presidente lo demostraron los ciudadanos que en 2017 salieron a las calles contra la pretensión de su líder, Horacio Cartes, de volver al Palacio de López apelando a una reforma inconstitucional de la ley suprema. No lo demostraron, en cambio, los senadores oficialistas y sus aliados, que expulsaron a su colega Kattya González, ignorando el primordial derecho a la defensa. Existen otros casos en que se ignora nuestra ley fundamental.

Las tensiones entre Paraguay y Brasil en torno a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú podrían poner en jaque los ingresos para el país en concepto de gastos socioambientales, de US$ 650,9 millones anuales. Si el acuerdo tarifario firmado en mayo de 2024 se derrumba, las consecuencias económicas afectarían directamente a los programas sociales y obras de infraestructura que dependen de esos fondos.

“El tiempo lo cambia todo. Eso es lo que la gente dice, pero no es verdad. Hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas exactamente como están”. (Dr. Gregory House)

En un descarado caso de conflicto de intereses, al menos una veintena de senadores y diputados que votaron en contra de transparentar el manejo de fondos sociales de las binacionales lo hicieron teniendo a parientes “mamando” de Itaipú y Yacyretá. No solo avalaron el festín –sin control– con estos millonarios fondos, sino que además, como premio, al “blindaje” les pagamos a parientes que ya “están mejor” y nos cuestan G. 9.590 millones al año.

Cuando, hace un año, se firmó con Brasil el acuerdo sobre la tarifa de Itaipú mediante el cual se obtenían unos “fondos sociales” a ser repartidos en partes iguales entre los dos países, decíamos que el trato podía ser beneficioso para el Paraguay toda vez que se cumplieran dos condiciones: la primera, que ello no se convirtiera en un pretexto para postergar la plena restitución de los derechos paraguayos en la binacional, y la segunda, que esos fondos no sigan siendo utilizados ilegalmente como una gran caja negra sin rendición de cuentas por parte del gobierno de turno y de su entorno político. Ninguna de las dos condiciones se cumplió, y en la sesión del Senado del pasado 30 de abril el oficialismo de nuevo dejó muy claro que solo busca continuar el festín con el dinero de la gente y a costa del interés nacional.