7 de julio de 2025
En su reciente edulcorante rendición de cuentas al Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña se mostró orgulloso de la Constitución vigente por habernos “permitido tres décadas ininterrumpidas de convivencia pacífica y armoniosa, a pesar de nuestras diferencias”. Tanta importancia le dio a la Constitución que dijo que la semana pasada envió al Congreso un proyecto de ley que declara cada 20 de junio feriado nacional, en conmemoración del día de la jura de nuestra actual Carta Magna en 1992. En verdad, el patriotismo al que alude el Presidente lo demostraron los ciudadanos que en 2017 salieron a las calles contra la pretensión de su líder, Horacio Cartes, de volver al Palacio de López apelando a una reforma inconstitucional de la ley suprema. No lo demostraron, en cambio, los senadores oficialistas y sus aliados, que expulsaron a su colega Kattya González, ignorando el primordial derecho a la defensa. Existen otros casos en que se ignora nuestra ley fundamental.
Una vez más, el cartismo y sus aliados liberales cajonearon el proyecto de ley que pretendía que los últimos gastos sociales de Itaipú pasen por el Presupuesto General de la Nación. Defensores del proyecto denunciaron ante la ciudadanía que con la decisión se votó a favor de la impunidad para los que están robando en las binacionales.
La mayoría cartista y sus satélites remitieron al archivo el proyecto de ley que pretendía incluir en el Presupuesto General de Gastos de la Nación los millonarios fondos de gastos sociales -unos US$ 670 millones al año- de Itaipú y Yacyretá. Con esta decisión, el Gobierno de Santiago Peña tiene manos libres para seguir con el festín y el gasto sin control alguno en beneficios de los amigos del poder.
La Cámara de Diputados analiza hoy en sesión ordinaria el proyecto de ley para controlar el uso de gastos sociales de la binacionales mediante su inclusión en el Presupuesto General. Ayer, técnicos revelaron la “estafa” del Gobierno de Santiago Peña con supuestos “logros” con la tarifa.
La mesa directiva de la Cámara de Senadores incluyó entre los primeros cinco puntos del orden del día, de la sesión prevista para mañana miércoles 30, el proyecto de ley que incorpora los gastos sociales de Itaipú al Presupuesto General de la Nación. En agosto del año pasado, cartistas y sus aliados impidieron su tratamiento.
Gracias a mociones de preferencia presentadas por algunos diputados opositores, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el próximo martes un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto general los fondos para “gastos sociales” asignados por las entidades binacionales, que hoy llegan a 670 millones de dólares en total, así como once pedidos de informes -también “cajoneados” por el cartismo- y diez proyectos de declaración. Una iniciativa referente a los gastos sociales financiados por Itaipú Binacional fue “cajoneada” en 2024 por el Senado, para que los aliados del Gobierno puedan emplear discrecionalmente elevadas sumas -como también lo hacían Gobiernos anteriores- sin rendir cuentas al Congreso ni a la Contraloría General de la República (CGR). Los directores generales y los consejeros paraguayos -los primeros nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado- no tienen la facultad de entregar recursos a organizaciones amigas para que hagan con ellos lo que quieran, convocar licitaciones fraudulentas o direccionarlas en el marco de una campaña electoral, entre otras frecuentes corruptelas.