El exministro de Hacienda César Barreto afirmó que se requiere de una ley que regule los gastos reservados. Acotó que actualmente son de uso discrecional y responden al arbitrio del “sentido común” de las instituciones asignadas. El presidente Santiago Peña, a meses de iniciarse el año pasado, ya había utilizado todos los fondos que tenía en dicho recurso.
La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 mantiene los gastos reservados destinados a la Presidencia de la República y a la Vicepresidencia de la República, en el mismo monto de los años anteriores a pesar de las dificultades económicas atravesadas por la pandemia del covid-19.
El Ministerio Público también fue beneficiado por la Corte con la suspensión de una serie de artículos de la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) que establece controles e impone limites al gasto público. Uno de los puntos atacados es la rendición de cuentas sobre el uso de gastos reservados.
La Presidencia de la República prevé gastos reservados por G. 2.500 millones y la Vicepresidencia por G. 800 millones, según el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019, que está a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Legislativo.
La Cámara de Senadores recortó del proyecto de Presupuesto 2018 unos G. 2.600 millones de la sección gastos reservados a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual su presupuesto en este ítem queda igual al de este año.
Poco antes de los comicios presidenciales del 2013, el entonces candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, Horacio Cartes, había señalado que los gastos reservados se deben hacer públicos, porque el dinero invertido es del Estado, haciendo mención a que su Gobierno apostaría a la transparencia.