gasoíl

Mientras Petropar insiste en prorrogar una vez más el plazo contractual con la firma catarí Doha Holding, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, la Contraloría sigue sin iniciar una auditoría al cuestionado proceso de compra de gasoil, aunque ya pasaron seis meses desde el inicio de una “revisión documental”, sin resultados.

Es plausible que la Contraloría General de la República (CGR), ejerciendo su facultad de fiscalizar el patrimonio de las empresas estatales, haya pedido al presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, informes y documentos adicionales relativos a un contrato para que la firma Doha Holding Group LLC suministre cien mil toneladas de gasoíl, dentro del plazo de dos meses y a un costo de 61 millones de dólares. El documento fue suscrito el 30 de septiembre de 2024, mediante el trámite de la “compra urgente de carácter especial”, evitándose así el llamado a una licitación. El combustible aún no ha sido entregado. La supuesta premura invocada para evitar la licitación hace ya ocho meses, al final se convierte en una cruel burla al pueblo paraguayo y tiene un tufo de turbio trato entre compinches.

Mientras que en contratos recientes Petropar exigió la firma en todas las páginas a sus proveedores, hizo una excepción con el jeque catarí, representante de Doha Holding, quien solo rubricó la última hoja del documento. La empresa aún no ha entregado una sola gota del gasoil, y la diferencia de trato genera críticas.

El presidente de Petropar, Eddie Jara, se excusó de asistir a una comisión del Senado alegando compromisos previos. La senadora Celeste Amarilla lo acusó de actuar como “mandadero” de una empresa catarí vinculada al hijo del presidente de la Conmebol y pidió que sea intimado a presentarse en 24 horas. El caso gira en torno a polémicas adendas en un contrato para la provisión de gasoil.

Pese a los incumplimientos que se vienen denunciando en el marco del contrato de Petropar con la firma catarí Doha Holding para provisión de gasoil, la DNCP sigue sin abrir una investigación de oficio. La institución “cuestiona” las excesivas prórrogas a favor de la proveedora que no ha entregado un solo litro, pero su intervención se ha limitado a apenas “llamados de atención” a la convocante.