9 de abril de 2026
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), se encuentra en el centro de una grave controversia institucional tras negarse reiteradamente a rendir cuentas ante la Contraloría General de la República, el órgano encargado de velar por el control del uso de los recursos públicos.

Tras nueve meses de su promulgación, el presidente Santiago Peña firmó el decreto que reglamenta la bastardeada Ley de la Carrera Civil y la Función Pública, que fue sancionada a las apuradas por el Senado en su última sesión del 2024. Dispone, entre otros puntos, que los funcionarios del Ejecutivo deberán cumplir 40 horas semanales.



A seis meses de su promulgación, el miércoles 16 de julio entró en vigencia la Ley 7445/2025 “de la función pública y del servicio civil”. En teoría esta debería ser la gran piedra angular de la postergada reforma del Estado, pero la normativa que se terminó aprobando deja tantos resquicios para evadirla que, conociendo a nuestra clase política, intrínsecamente viciada de clientelismo, abusadora consuetudinaria de los recursos estatales, existe el fundado temor de que solo sea un cambio para no cambiar nada, apenas para intentar conformar a las calificadoras de riesgo, y que, en la práctica, una vez más, se vuelvan a frustrar las esperanzas de la ciudadanía.