Función Pública

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, estableció el reglamento y los instrumentos técnicos a ser aplicados por las instituciones públicas en los procesos de selección para el ingreso y promoción de servidores públicos.

El decreto que reglamenta la ley de presupuesto establece que el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamentará el procedimiento para la realización del concurso interno para la desprecarización laboral del personal contratado. Luego de los nombramientos, sin embargo, continuará abierta la posibilidad de realizar nuevos contratos.

El Presupuesto de 2025 incluye 334.541 puestos permanentes –uno por cada veinte habitantes– para un total de 106 entidades, es decir, unos 15.219 más que el del año pasado, lo que contribuirá a que el gasto público aumente en un 14,2%. A los 11.978 nuevos cargos proyectados por el Poder Ejecutivo, el Congreso agregó 3.241 en las distintas entidades públicas, de lo que se infiere que también los legisladores, en vez de proteger el bolsillo de sus representados, prefieren afectarlo aún más, solo para mantener a un personal público en gran medida superfluo y clientelístico, que no se distingue por su idoneidad, su honestidad ni su eficacia. Por lo demás, como viene ocurriendo desde 2022, los legisladores excluyeron a su personal y al del Poder Judicial de las exigencias de la Ley de la Función Pública –hoy derogada por una nueva– y de la Ley de Racionalización del Gasto Público, de modo que los presupuestívoros bien podrán ser nombrados, promovidos o contratados sin tener que demostrar su aptitud, y hasta siendo pariente cercano de cualquiera de los integrantes de esos Poderes del Estado.

Los notorios vicios del aparato estatal tienen mucho que ver con la persistencia en nuestra cultura político-administrativa de prácticas que responden al aforismo colonial “La ley se acata, pero no se cumple”. Esto también se observa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos funcionarios se rigen por la Ley N° 6935/22, del Servicio Diplomático y Consular y del Administrativo y Técnico de la Cancillería. Cabe recordarlo dada la repentina aparición pública, como una suerte de asesor mau, del ciudadano argentino Andrés Rivas, ligado al poder político desde 2017 y a las relaciones exteriores del Paraguay desde 2024, cuando asistió como invitado especial a la reapertura de la embajada en Israel, junto con Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez. Y últimamente en el marco del bochornoso viaje oficial a Washington, aparece como asesor de este último en una reunión con el diputado estadounidense Mario Díaz-Balart y en otra con el Consejo de las Américas, la Fundación Heritage y el Instituto Republicano Internacional.

Sin demora, el presidente Santiago Peña promulgó ayer la Ley de la Carrera Civil y la Función Pública, que fue sancionada a las apuradas por el Senado en su última sesión del año 2024. La norma, completamente desnaturalizada, permitirá que sigan los abusos de poder en el Estado y los nepobabies y da potestad al Ministerio de Economía de anular los contratos colectivos de condiciones de trabajo.