Tras el cambio de estructura del Ministerio de Hacienda a Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunada a la necesidad de incorporar aspectos que no se contemplaron en el proyecto anterior, la cartera económica actualizó el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Esta importante propuesta forma parte de la meta de reforma establecida en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la misma se apunta a mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas, además de promover el desarrollo de servidores públicos.
La ministra sustituta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, destacó ayer la apertura existente desde la institución para el diálogo y la construcción del proyecto de “Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”.
Nada menos que 61 de los 125 legisladores tienen hoy parientes biológicos o por afinidad que ocupan un cargo público, casi todos en su condición de funcionarios incorporados bajo el actual Gobierno. El lamentable hecho revela cuán generalizado está en el Congreso el “uso indebido de influencias”, causal de pérdida de la investidura prevista en el art. 201 de la Constitución. Mientras se apruebe la bendita ley que permita salvar las supuestas “lagunas” que existen para combatir el nepotismo, que se apliquen por lo menos las existentes, que ya servirían para evitar las escandalosas manipulaciones legales que permiten llenar las planillas con parentela y allegados, entre ellos los caraduras “nepobabies”.
Gremios de docentes anuncian que irán a paro si no se reúnen con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pretenden exigir que se excluya a los educadores del proyecto de ley de la carrera civil.
A pesar de que existe coincidencia entre el sector público y privado en la necesidad de una urgente reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal para detener la sangría del Tesoro, el gobierno de Santiago Peña aguardará que el Congreso apruebe el proyecto de ley de la función pública para luego plantear la modificación del sistema. La ciudadanía, mientras tanto, ya aportó con sus impuestos casi US$ 1.300 millones para financiar el déficit que arrastra la entidad previsional.
Indisputablemente, existen lineamientos universales que proponen el miramiento y el debido control de algunos factores (específicos) que propician el fenómeno de la “corrupción”, pues bien, dichos factores se adecuan a presupuestos (valorativos), tal como la caracterización de la incapacidad de cobertura; por razón al monopolio y/o la concentración del poder en áreas con alto impacto económico; así como, ante un (amplio) espacio de discrecionalidad bajo la indudable falta de control de los actos de la autoridad, entre otros.