El pasado 26 de septiembre el Ministerio Público presentó pedido de acusación contra el exgobernador del departamento Central Hugo Javier González Alegre (colorado cartista) y otros 32 procesados, todos sospechosos de crear un esquema delictivo para embolsarse G. 18.300 millones de los fondos de la institución. Ese dinero transferido desde marzo del año 2019 hasta diciembre de 2020 a diferentes organizaciones “sin fines de lucro” debió ser invertido en salud, educación, vialidad, seguridad, agricultura, artesanía; en fin, para mejorar la calidad de vida de los centralinos.
El gobernador de Canindeyú, el cartista César “Tigre” Ramírez, entregó entre agosto y setiembre de este año otro monto, en esta ocasión de G. 900 millones, a la Asociación Pro Desarrollo del Norte, presidida por Carlos Alberto Castillo, para la reactivación económica del departamento. El dinero forma parte de un segundo millón de dólares que recibieron las gobernaciones en el marco de la pandemia por covid-19.
El gobernador de Canindeyú, el cartista César “Tigre” Ramírez, adjuntó documentación completamente contradictoria para rendir los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo covid. Ahora salta que una de las ONG beneficiadas firmó primero contrato con una empresa para una obra, pero un mes después se realizó la adjudicación.
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), no solo compró alimentos sin exigir el registro y la certificación sanitaria sino también sin contar con un precio referencial. Así lo confirma el dictamen de la CGR sobre compras con fondos de emergencia.
FILADELFIA. Mediante la ejecución de los fondos de emergencia destinados a la reactivación económica por el coronavirus otorgados a la Gobernación de Boquerón consistente en USD 2 millones, parte de ese dinero está siendo usado para la pavimentación calles de Filadelfia, Loma Plata y Villa Choferes del Chaco, el plazo de finalización de los trabajos va hasta fin de año.
El exintendente de Asunción, César Ojeda, deberá pagar una pena de 50 días de multa, equivalente a G. 4.402.500 por haberse negado a proveer información sobre fondos de emergencia que solicitó la entonces candidata a la intendencia Johanna Ortega, en julio pasado.