18 de julio de 2025
La Fiscalía solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de exámenes de correspondencia de bienes al extitular de Senave Pastor Soria y a otros cinco funcionarios de esa institución, todos imputados por supuesto cohecho pasivo (coima). El pedido se hizo en el marco del proceso penal por el presunto montaje de un esquema de apriete para la obtención de certificados de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi). Según el Ministerio Público, Soria –exintendente y exdiputado colorado– habría liderado el circuito.
La resolución por la cual los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak fueron confirmados en el caso de Erico Galeano (ANR-HC) fue impugnada hoy ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por el senador procesado. El mismo abogado, quien recusó a ambos agentes, firma la resolución. La fiscala adjunta Soledad Machuca había rechazado la recusación.
Los senadores cartistas y sus satélites no reunieron los votos suficientes para que en el espacio de mociones sobre tablas sea tratada la denuncia penal que pretendían que el Senado impulse contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), por supuesta coacción y amenaza. Los oficialistas reaccionaron porque el jefe comunal anunció que se manifestarán frente a la casa del senador Javier Zacarías Irún y su cuñada, la diputada Rocío Abed, ambos del cartismo.
La organización “Defendamos Asunción” reclama que la denuncia por supuesta corrupción en contra del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), y 14 concejales sigue sin equipo de fiscales designado. Desde la plataforma ciudadana anuncian una ampliación de la denuncia, fundada en nuevos hallazgos en la rendición de cuentas de la administración municipal.
A tres semanas de que el Ministerio de Educación denunció la filtración de las pruebas en el ingreso a Institutos de Formación Docente, y que luego remita los antecedentes al Ministerio Público, la causa presenta nulos avances en la Justicia. La Fiscalía no tomó declaraciones hasta la fecha y menos, realizó imputaciones. La fiscala del caso alegó que las pruebas presentadas por el MEC son escasas y se basan en publicaciones periodísticas. La familia del exdiputado Orlando Arévalo (ANR-cartista), está vinculado a por lo menos tres de los institutos investigados.
Una enfermera jubilada fue hasta la oficina del juez Diego Martín Acosta Conde para rogarle se expida sobre el pedido de anulación de retención de su haber jubilatorio, ya que fue una de las víctimas del conocido esquema “mafia de los pagarés”. La abogada Cecilia Pérez urgió al Fiscal General del Estado que designe un fiscal en la causa.