Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services, y quien aparece como copropietario de la residencia del diputado cartista Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán (ANR-HC), sigue acaparando las contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó. El empresario está vinculado en el esquema criminal que supuestamente desvió G. 1.108 millones de la comuna administrada por la pareja de colorados cartistas, que investiga el fiscal Silvio Corbeta.
El mismo equipo investigador recientemente nombrado para el caso supuesta lesión de confianza por parte del intendente de Asunción Óscar Rodríguez, ya indagaba al jefe comunal por el caso detergente de oro .
Los concejales disidentes de Hernandarias, Germán Ibarrola (ANR) y Nilda Venialgo (ANR), urgieron a la Fiscalía Anticorrupción avanzar en la investigación de la denuncia de compra fraudulenta de un inmueble por G. 3.900 millones. El intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR- cartista) fue acusado de montar la compra ficticia de un terreno municipal para apoderarse de fondos públicos.
El Intendente de Coronel Martínez, departamento de Guairá, Carlos Miguel Ferreira (Independiente), pagó un total de G. 176 millones para la construcción de un salón cocina comedor en la escuela Próceres de Mayo. En los papeles figura que la obra ya concluyó, sin embargo, quedó abandonada. Un grupo de concejales municipales lo denunció por lesión de confianza ante el Ministerio Público y los trabajos se reanudaron en apuros.
Un grupo de concejales municipales de Coronel Martínez, Guairá, presentaron una denuncia penal contra del intendente Carlos Miguel Ferreira (MUPR) por lesión de confianza y hechos de supuesta corrupción. La administración comunal pagó más de G. 170 millones para la construcción de una cocina comedor en una escuela, pero la obra nunca concluyó, refieren en el escrito.
TAVAPY. El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se constituyó esta mañana en la Municipalidad de Tavapy para incautar documentos en el marco de la investigación sobre un supuesto cobro indebido de tributos durante la administración anterior. Habrían desviado unos G. 1.000 millones de las arcas municipales desde el 2019 hasta el 2021.